Impuestos: la sociedad que queremos ser

Suspendamos el juicio definitivo sobre la reforma fiscal hasta conocer qué parte de las propuestas de la comisión de expertos (con un perfil ideológico muy definido) compra el Gobierno, y cuál es la letra pequeña de las mismas. Mientras tanto analicemos si lo ya conocido sirve para arreglar los dos problemas principales del sistema fiscal español: que no recauda y que no sirve para que en nuestro país paguen más impuestos quienes más ganan y quienes más tienen. Recaudación y redistribución.

El frenazo de la actividad económica, el paro masivo, la reducción del consumo, la disminución de los beneficios empresariales..., la crisis en general ha diezmado la capacidad de los impuestos para financiar el déficit, la deuda pública (según los últimos datos el 94% del PIB, por encima de la media de la eurozona), tender a la convergencia real con los países más ricos de nuestro entorno y pagar el Estado de Bienestar, que es la seña de identidad del modelo social europeo. Según Eurostat, mientras el peso de la recaudación fiscal en la UE era del 35,7%,, en España no alcanzaba al 31,4%, en 2011. Según el Informe sobre la Democracia en España 2014, de la Fundación Alternativas, la caída de la recaudación fiscal entre 2007 y2011 ha sido de 5,4 puntos porcentuales en España, y de sólo 0,5 puntos en la UE (27).

El nuevo sistema fiscal deberá atender también al principio de progresividad (entre ciudadanos —contribuyentes iguales pagan impuestos muy diferentes—, entre fuentes de ingresos,…), dados los insoportables niveles de desigualdad que se han alcanzado en nuestro país. A pesar de que la parte más notable de la distribución en un país se hace a través del gasto público, el mismo se ha ido reduciendo hasta el punto de que en estos momentos España ocupa el puesto 21 entre los 28 países del club en nivel de gasto.

Que quien más tiene y más gana no es quien más paga no se debe sólo al fraude fiscal. Está causado también por los intersticios del sistema en forma de bonificaciones, deducciones, vías de elusión legales, etcétera, existentes después de un parcheo continuo e incoherente de los gravámenes, en una vorágine normativa en la que han entrado las tres administraciones que tienen competencias impositivas: la central, la autonómica y la municipal. Según el informe citado, en los Presupuestos de 2014 las exenciones al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Valor añadido (IVA) y Sociedades superan los 35.000 millones de euros.

Caso aparte es el del fraude, que algunos estiman en unos 90.000 millones de euros (casi el 9% del PIB). Un cálculo elaborado por el Círculo de Empresarios lo cifraba en 70.000 millones, desarrollados del siguiente modo: si entre el 20% y el 25% del PIB es economía sumergida, el PIB ha superado el billón de euros y la presión fiscal media se sitúa entre el 30% y el 36%, el importe de las cuotas no ingresadas cada año puede superar los 70.000 millones. Para que la reforma fiscal funcione, además de tener una normativa clara y justa, se precisa una administración tributaria eficaz, que detecte y sancione. Según datos de la OCDE, España tiene un empleado de esa administración por cada 1.928 ciudadanos, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania, 862 del Reino Unido, o 697 de los Países Bajos. Nuestro país dedica alrededor del 0,1% de su PIB a la gestión fiscal frente al 0,5% de otros países importantes europeos. No se trata sólo de más recursos sino de garantizar la independencia de la administración tributaria puesta en tela de juicio en los últimos meses. Quizá sería interesante estudia la posibilidad de convertir la Agencia Tributaria en una agencia independiente de los gobiernos de turno.

La reforma fiscal era una prioridad. Tanto como la financiera y mucho más que, por ejemplo, la laboral. Sin embargo, el Gobierno la ha dejado para la segunda parte de la legislatura para hacerla coincidir con las elecciones generales. El país se juega mucho en la misma, por los dos agujeros citados: la anemia recaudadora y su falta de progresividad. Como explica el catedrático de Hacienda Ignacio Zubiri, en la revista Alternativas Económicas, los impuestos son determinantes para definir qué tipo de sociedad queremos.