El fin de la crisis se retrasa a 2016

España tendrá dos años más para reducir el déficit público hasta el 3% del PIB, tras una negociación con Bruselas que se salda con otra subida de impuestos, con otra andanada de recortes, con otro empujón a las reformas estructurales pendientes. El ajuste presupuestario, piedra filosofal de la lucha contra la crisis en los últimos años, será menos agresivo, más lento. Y, aun así, el Gobierno de Mariano Rajoy asumió ayer que también se retarda la salida de la crisis. Para crecer por encima del 1%, para crear empleo de forma apreciable habrá que esperar, pronostica el Ejecutivo, a 2016. También aquí, dos años más de lo que preveía.

Rajoy vive en sus carnes el castigo de Sísifo, aquel rey de la mitología griega que trataba una y otra vez ascender una montaña empujando una pesada carga, que se le escurría en el último momento. El presidente del Gobierno se presentó en noviembre de 2011 a las elecciones generales como aquel que lograría reactivar el empleo, tras haberse perdido tres millones de puestos de trabajo con los socialistas en el poder, en la legislatura de la Gran Recesión. Las previsiones presentadas ayer tras el Consejo de Ministros suponen admitir que su mandato acabará con 1,3 millones de empleos menos. Que en su legislatura, la tasa de paro media acabará (el 25,8% en 2015) mucho peor que el último dato de desempleo del mandato socialista (22,8% en el cuarto trimestre de 2012).

Las nuevas cifras económicas, que el Gobierno enviará a Bruselas como garantía de que ajustará las cuentas públicas, están elaboradas con unas tesis más prudentes que las exhibidas hasta ahora. “Las nuevas hipótesis son extremadamente conservadoras, muy cautas para aportar credibilidad a la actuación del Gobierno”, justificó el ministro de Economía, Luis de Guindos. El contraste con el pronóstico presentado hace un año por el propio Guindos es notable.

Asomarse al nuevo cuadro macroeconómico es comprobar que la tasa de paro nunca baja del 25%, mientras que el déficit se ajusta, aunque ahora de forma más gradual, del 10,6% al 3%. Es darse de bruces con un vaticinio que anticipa un crecimiento anémico. “Estamos ante problemas de una magnitud extraordinaria, hace falta tiempo”, añadieron fuentes de La Moncloa.

Todos esos problemas (elevado endeudamiento en el sector privado, crédito racionado por una banca en problemas, hundimiento de la actividad inmobiliaria, desconfianza de los mercados) eran muy similares en 2012, pero el pronóstico que hizo entonces el Gobierno, que confiaba acabar la legislatura con una tasa de paro del 22%, fue muy distinto.

¿Qué ha fallado? ¿Se optó por una política equivocada en España y en la zona euro? Para responder a las preguntas de los periodistas, Guindos se parapetó en que la economía mundial se comportó “peor de lo previsto”. Pero cuando dio datos, se refirió a la zona euro (el FMI revisó a la baja su pronóstico para 2013, del 0,7% al -0,3%). Su otro argumento, ya usado por Rajoy, fue recalcar que los recortes presupuestarios, que iniciativas como la reforma laboral eran las que habían evitado un escenario, a su juicio, peor: “Los países bajo un programa [de rescate] están en una situación mucho peor que la nuestra”.

“Una tasa de paro del 27% es la mayor vulnerabilidad de la economía”, admitió Guindos, en referencia a la última Encuesta de Población Activa, la del primer trimestre, que eleva el número de parados a 6,2 millones de personas, otro registro histórico. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que ningún ministro diera una explicación pública tras conocerse el dato este jueves. Y emplazó a la segunda semana de mayo, cuando Rajoy acudirá al Congreso para defender el programa de estabilidad y el plan de reformas que remitirá en unos días a Bruselas.

Pese a la evidencia de los datos, pese a lo oscuro de sus propias previsiones de empleo, el Gobierno apenas varía el camino trazado por cambios legales de calado, pero de escaso impacto a corto plazo. El nuevo plan de reformas, que recicla el aluvión de medidas ya anunciadas por el Ejecutivo en los últimos meses, es un buen medidor de que las medidas urgentes, tan frecuentes en este último año y medio para reconducir el déficit público, no se contemplan cuando lo que desata la alarma es el enorme deterioro del mercado laboral.

La primera medida que contempla el Gobierno en las políticas de empleo es una auditoría “independiente” de la reforma laboral al año de su puesta en marcha. Era una disposición que preveía la propia reforma. Guindos anticipó incluso cual será el resultado. “Estoy convencido de que será favorable”, añadió, pese a que, con la reforma laboral, se han destruido 800.000 empleos, al combinarse con la recesión y los ajustes presupuestarios.

Fuentes de La Moncloa precisaron después que, lo más probable, es que ese examen lo haga un organismo internacional, como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea. Salvo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos estos organismos multilaterales se han mostrado ya favorables a una reforma que abarata el despido y facilita el ajuste a la baja de los salarios, como la española. El punto de fricción puede ser el escaso retroceso de la tasa de temporalidad.

El fin de la crisis se retrasa a 2016

El resto de medidas previstas para este año (mejoras en la intermediación laboral, una revisión de las políticas activas de empleo y la estrategia de empleo joven) ya estaban anunciadas en septiembre. Y la escasez de fondos públicos que se dedican (mucho menos que en legislaturas pasadas) anticipa un impacto muy limitado.

Las nuevas previsiones del Gobierno se ajustan ahora al pronóstico que organismos internacionales y servicios de estudios ya anticipaban en otoño. Al hilo de lo ya dicho por el FMI o la Comisión Europea, el Gobierno rectifica y rebaja la previsión de variación del PIB del -0,5% al -1,3% este año. Se hace eco de la idea de que la austeridad ha sido excesiva, de que solo compensar los aumentos de gasto ligados a la recesión (más intereses de la deuda, más prestaciones por desempleo) es ya un ajuste notable, más aún cuando los impuestos recaudan menos por la falta de actividad. El déficit se reduce, pero no así el nivel de deuda pública, que rondará el 100% del PIB en 2016, y marca la frontera de un nuevo dilema para la economía española.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, sintetizó la nueva receta contra la crisis al valorar ayer los anuncios del Gobierno español. “Poner en marcha una consolidación más gradual constituye un paso acertado hacia la recuperación y la generación de empleo, y se basa en las importantes reformas estructurales y las mejoras fiscales logradas el año pasado”.

Pero ni la recuperación ni la generación de empleo son inminentes en el cuadro macroeconómico que presentó ayer el Gobierno. “Tenemos un futuro mucho mejor que hace un año”, sostuvo el ministro de Economía. El análisis que hace el Gobierno sobre lo que viene a corto plazo es más realista. También, mucho más oscuro.