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El gasto en políticas activas de empleo cae un 21% y en formación un 34%

El Gobierno recorta un 5,4% el gasto en prestaciones por desempleo, hasta los 28.503 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en en Congreso.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en en Congreso.JAVIER LIZÓN (EFE)

El presupuesto para 2012 destinado a políticas activas de empleo bajará un 21,3% en comparación con el año pasado, hasta los 7.764 millones de euros. El Gobierno, que esta mañana ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales para este año, justifica esta decisión en los ajustes realizados para reducir el déficit público y en el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.

La cantidad destinada a actuaciones de inserción e incentivación de la contratación será de 3.330,89 millones. De este total, 2.600 millones servirán para bonificar la contratación de trabajadores desempleados.

La partida destinada a bonificaciones se ha incrementado un 6,1% respecto a 2011, hasta los 2.600 millones, como consecuencia de la inclusión de nuevos incentivos a la contratación previstos por la reforma laboral del Gobierno.

Un total de 525 millones se dedicará al pago de la ayuda de 400 euros para la recualificación profesional de los parados que hayan agotado la prestación. Otros 1.811,82 millones de destinarán a actuaciones de carácter formativo; 3,9 millones a acciones de fomento de la economía social y 93,19 millones a gastos de funcionamiento.

El Gobierno ha indicado que el recorte del 34,3% en los créditos para formación profesional para el empleo se debe principalmente a la caída de los ingresos previstos por cuotas de formación profesional.

Recorte en prestaciones por desempleo

El Ejecutivo destinará 28.503 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, un 5,4% menos que en 2011. De acuerdo con el Gobierno, el "elevado" gasto en este sector en los últimos años ha provocado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), organismo que hasta 2007 se autofinanciaba con cuotas de empresarios y trabajadores, "requiera de importantes aportaciones del Estado para su financiación".

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