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Editorial:

Recortes dolorosos

El Gobierno de Artur Mas insiste en deteriorar la atención sanitaria con reducciones del gasto

Es seguro que los recortes que impone esta larga crisis económica tengan que afectar a la práctica totalidad de las partidas presupuestarias públicas, pero hay servicios esenciales -como la atención sanitaria y la educación- que debieran si no quedar al margen, al menos ser abordados con una visión diferente. La Generalitat de Cataluña, que cerró este verano el 25% de las camas hospitalarias y 40 ambulatorios, planea reducir a la mitad la paga de Navidad a los 40.000 médicos, enfermeros y demás personal sanitario del Instituto Catalán de Salud (ICS) y quiere demorar la remuneración de las guardias y horas extraordinarias. El argumento es que hay que cumplir el presupuesto de 2011 y que para ello debe ahorrar 46 millones de euros de aquí a final de año evitando así el despido de interinos.

En un contexto de desempleo masivo y rigor presupuestario generalizado, el recorte que sufra el personal sanitario catalán debería poder ser asumible, pero esta nueva medida se yuxtapone a otras que están deteriorando la calidad del sistema de manera alarmante. Es difícil de aceptar que 10 meses después de tomar posesión, el Gobierno de Artur Mas siga esgrimiendo el derroche del tripartito para justificar una política de austeridad mal enfocada y errática, en la que primero elimina el impuesto de sucesiones y luego anuncia que Cataluña no pondría trabas a una tasa para grandes fortunas, en caso de que obtuviese luz verde del Congreso de los Diputados, sin más precisiones, pero evitando así el precio político de introducir un nuevo impuesto para elevar los ingresos. La coda final de que un concierto económico como el vasco sortearía las dificultades financieras de Cataluña, además de ser un argumento irreal, denota su aspiración a no asumir sus responsabilidades y meramente a alimentar su argumentario.

Con el recorte de la paga extra de diciembre, el presupuesto sanitario catalán se ahorrará apenas un 0,5%, un porcentaje nimio que soliviantará a los trabajadores sobre los que recae la atención sanitaria, ya suficientemente tensionada con el cierre de servicios. Seguro que hay en Cataluña otras partidas de gasto que pueden reducirse sin erosionar una piedra angular del Estado de bienestar y la cohesión social. La principal consecuencia del deterioro de la protección social es la exclusión de los más vulnerables.

A nadie le resulta fácil cuadrar presupuestos en este difícil contexto económico, pero es inadmisible que un Gobierno autónomo sucumba a la fácil tentación de contener el déficit reduciendo prestaciones sociales en vez de analizar otras opciones de ahorro, como la de aumentar la eficiencia del sistema. Que los hospitales públicos sigan infrautilizando sus costosas instalaciones por las tardes sí que es inasumible, pero para introducir medidas de racionalidad como esta los políticos tienen que trabajar un poco más y los poderosos sindicatos que controlan el sector ser más flexibles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2011