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Salud liquida las esperas máximas en las 14 cirugías más frecuentes

La sanidad pública solo tendrá plazos garantizados en tres intervenciones del corazón y un tipo de hernia

Otro paso más: los ajustes de la Generalitat en la sanidad pública prosiguen su avance entre protestas de alcaldes y ciudadanos para reestructurar ahora las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, que actualmente garantizan un plazo máximo de espera de cinco meses en las 14 intervenciones más comunes. El consejero de Salud, Boi Ruiz, avanzó ayer en la comisión de sanidad del Parlament que desmantelará este sistema para aplicar otro modelo "basado en criterios clínicos" que, por ahora, solo garantiza intervenciones rápidas en cuatro operaciones, tres relativas a afectaciones coronarias -cuya rapidez de ejecución ya establece el modelo vigente- y otra referente a la hernia lumbar.

Ruiz, que mantuvo un discurso inconcreto con el que evitó debatir el alcance de los recortes con el resto de los partidos, solo asumió errores al comunicar esos ajustes. "La información no ha llegado bien. Si quieren que los ciudadanos se calmen, ayúdenme a explicar las cosas", señaló a la oposición. El consejero miró a izquierda y derecha, pero se quedó solo. La oposición en bloque respondió recriminándole las informaciones publicadas por EL PAÍS en los últimos días: la clausura indefinida de 40 centros de atención primaria, el cierre del 25% de las camas en los ocho hospitales gestionados por la Generalitat -unas cinco veces más que el verano pasado- y la supresión de al menos 34 ambulancias hasta finales de año.

"Deben frenar los recortes porque se están equivocado de criterio", resumió el representante de PSC en la comisión, Josep Maria Sabaté. "Por favor, vamos de sobresalto en sobresalto. Le ofrecemos negociar", señaló la portavoz en materia de salud de ERC, Carme Capdevila.

Ruiz no declinó directamente esa oferta, pero dedicó más tiempo a acusar al resto de los partidos de intentar "explotar la demagogia para asustar a los ciudadanos". Luego justificó el tijeretazo por la insostenibilidad de la sanidad pública en un contexto de crisis económica. "Es difícil asumir que quiten recursos sanitarios que ya tenían", subrayó el consejero en alusión a las protestas. "Pero lo tenían a crédito, se estaba financiando con dinero que no tenemos". Más que frenarlos, Salud prevé extender los recortes al resto de la sanidad pública y anunció que se reducirán las denominadas hospitalizaciones evitables.

El consejero también precisó que tratará de reducir unas 10.000 altas hospitalarias: según los cálculos de Salud, este año se prevén 760.000 altas, basándose en las proyecciones demográficas y de crecimiento de la demanda. El total, sin embargo, no excederá las 750.000. Esta reducción se fraguará impulsando las intervenciones sin ingreso hospitalario, operaciones que no requieren que el paciente pase la noche en el hospital. Salud tratará de ampliar el número de intervenciones, aunque no precisó con qué criterio.

"Intentaremos que estas 10.000 personas que se quedarán sin atención puedan ser tratadas mediante la hospitalización domiciliaria", se limitó a señalar Ruiz. "Solo ingresarán en el hospital los casos de emergencia. ¿Y el resto de los pacientes? ¿Por qué no explican cómo decidirán cuáles requieren ingresar y cuáles no? Exigimos el fin del secretismo", lamentó un portavoz de UGT.

Ruiz se esforzó en detallar qué planteamiento seguirá el nuevo modelo de las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, aunque sin lograrlo. "Todavía está en estudio", dijo, para evitar profundizar en exceso en el nuevo modelo de gestión. Salud prevé aplicar en octubre la reforma del modelo implantado por el anterior Gobierno tripartito. El cambio supondrá revisar las 30 patologías más comunes de Cataluña para incorporarlas a una nueva lista de espera que deberá gestionar cada territorio y cada centro, señaló Ruiz, que solo indicó que entre las operaciones sujetas a plazo se incluirán el cateterismo cardiaco, la cirugía cardiaca valvular y la cirugía cardiaca coronaria, además de la de hernia discal.

Sin detallar cómo se determinará el plazo máximo de espera de cada intervención, Ruiz precisó que las listas se basarán en cinco criterios de priorización, cada uno con distinto valor: el impacto en la calidad de vida que le supone la espera al paciente influirá el 38%; el riesgo de complicación de la patología, el 30%; la efectividad clínica de la intervención, el 13%, y el uso de otros servicios sanitarios durante la espera, el 11%. El tiempo de espera que ya lleve el paciente, por otra parte, contará el 8%. "No entendemos este planteamiento", protestó CC OO. "Pero viendo la línea que ha seguido el consejero, nos tememos lo peor", auguró.

La medida repercutirá en la supresión de servicios sanitarios y asistenciales, recorte con el que Salud pretende ahorrar unos 550 millones, el 60% del total del ajuste, de unos 1.000 millones de euros. La simplificación de la administración permitirá ahorrar unos 162 millones. Salud también reducirá el 28% en gasto farmacéutico, que pretende que no supere los 2.000 millones, y 352 millones en las inversiones que se dejarán de realizar, que Ruiz, por enésima vez, tampocó concretó.

Reproches agrios en la comparecencia en el Parlament

- Boi Ruiz: "Uno de los problemas de este país es la demagogia. Los sindicatos y los partidos utilizáis las cifras demagógicamente para generar alarmismo. Aplicamos los ajustes porque es necesario, es bueno para el país".

- Josep Maria Sabaté (PSC): "Rectifiquen inmediatamente. Muchos alcaldes han sido informados de los recortes por terceros y proveedores. Hay que encontrar salidas y alternativas, porque las hay. No genere más alarmismo".

- Carme Capdevila (ERC): "¿De verdad considera que todos estos servicios sobraban, que no son necesarios? El usuario se encontrará con una peor asistencia, con que se dobla el tiempo de respuesta de una ambulancia. ¿Realmente cree que esta prestación no es importante?".

- Mercè Civit (ICV): "Los recortes no exigen el mismo esfuerzo y sacrificio a todos. Quien tiene más debería pagar más. Cierran centros en zonas donde la gente no puede permitirse pagar un taxi para desplazarse".

- Eva García (PP):"Han faltado al respeto: deberían explicarse mejor. En ningún caso han intentado negociar o pactar con los que conocen la realidad del territorio. Si lo hubieran hecho mejor, nos habríamos ahorrado muchos problemas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de julio de 2011

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