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La SGAE liquidó un día antes del arresto la firma investigada

Los tribunales la declararon ilegal en 2000 por ocultar "ánimo de lucro"

La SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores), filial digital de la Sociedad General de Autores presuntamente utilizada para desviar fondos durante años a empresas privadas, cerró un día antes de la operación de la Guardia Civil que acabó con la detención de cuatro directivos de la SGAE -entre ellos el presidente del Consejo de Dirección, Eduardo Teddy Bautista- el pasado viernes. La sociedad disuelta es ahora sospechosa de haber servido para cobijar delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal entre 2003 y 2007.

La compañía fue tachada de ilegal tras su fundación. Los tribunales declararon nula su constitución reprochando a la SGAE que ocultara a través de su filial "una auténtica actividad lucrativa de gestión, disfrazándola como actividad asistencial de promoción o de formación". La SGAE, que por mandato legal tiene prohibido ganar dinero, recurrió hasta llegar al Supremo y perdió definitivamente en 2007.

La entidad asegura que había arreglado las ilegalidades de su filial digital

Teddy Bautista, tras dos días de arresto, declarará hoy en la Audiencia Nacional

Pero no disolvieron la filial. Pablo Hernández, director del departamento jurídico de la entidad, asegura que se modificó su objeto social para adecuarlo a las exigencias de los tribunales. Afirma que el Consejo de Dirección decidió liquidarla en marzo de este año porque, tras la implantación del Teseo, un modelo de gestión digital de los derechos de autor, ya no era necesaria. El plazo para disolverla vencía el pasado 30 de junio. Casualmente, o no, coincidió con las elecciones a la junta directiva y con la llegada a la sede de la SGAE, un día después, de decenas de guardias civiles con una orden de registro.

La SGAE constituyó a finales de 1999 la SDAE como sociedad limitada. Entre su objeto social se incluía la "edición electrónica y digital de música y partituras". Por eso las grandes majors -como Sony o Universal- acudieron al juzgado para denunciar competencia desleal por parte de una entidad que debería limitarse a gestionar los derechos de autor. La primera vez que la justicia les dio la razón fue en junio de 2000, pocos meses después de la creación de la empresa.

La Audiencia Nacional determinará ahora si durante sus once años y medio de existencia sirvió de medio para el lucro personal e ilícito de algunos directivos de la SGAE gracias a contratos firmados entre la filial digital y empresas privadas vinculadas con el director general de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri, exconsejero y exdirector de gestión de la SGAE, detenido el viernes como principal implicado en la trama. También deberá resolver si el resto de arrestados, entre ellos Bautista, actuaron en connivencia con él. Está previsto que hoy declaren ante el juez Pablo Ruz los tres directivos de la SGAE: Teddy Bautista; el director financiero, Ricardo Azcoaga; y el consejero Enrique Loras. El lunes lo hará Neri.

Antes de que se creara la SDAE, las nuevas tecnologías eran competencia de la Comisión de Investigación y Desarrollo de la SGAE. La comisión tenía una estrecha relación comercial con Microgénesis, una empresa dedicada a suministrar programas y aplicaciones informáticas cuyo presidente y consejero delegado era Neri. "En ese momento pensábamos que el futuro estaba en lo digital, por eso decidimos crear una sociedad específica de la SGAE para estos asuntos", recuerda José Ramón Martínez Márquez, Ramoncín, entonces miembro de la junta directiva de la SGAE. "Teníamos plena confianza en él así que fue nombrado director general de la nueva SDAE".

Neri abandonó formalmente Microgénesis el 4 de febrero de 2003. "Creo que incluso lo acreditó notarialmente para demostrar que no había incompatibilidad", explica Caco Senante, miembro de la junta directiva de la SGAE reelegida el pasado jueves. La empresa quedó administrada por su antiguo socio, Rafael Ramos, también detenido.

Pero las relaciones de Neri con la empresa eran intensas. Su esposa, María Antonia García Pombo, fue administradora única hasta 2001. Su cuñada, Eva García Pombo, dejó el cargo de consejera delegada en febrero de 2003, pero después pasó a ser administradora hasta octubre de 2009. Ambas fueron arrestadas por la Guardia Civil.

La justicia tendrá que determinar ahora, a la luz de la documentación y material obtenidos por la Guardia Civil en los registros de la sede de la SGAE y de empresas y domicilios particulares, si estos contratos eran delictivos y si se llegó incluso a cobrar por servicios no prestados.

Pero, al margen de que se haya cometido un fraude masivo, ¿nunca se planteó la junta directiva de la SGAE que era irregular que su filial digital contratara con una empresa creada por su director general? "Neri acreditó que se había desvinculado de Microgénesis y en principio no teníamos por qué desconfiar", responde Caco Senante, miembro de la junta directiva de SGAE. ¿Y tras la denuncia de las asociaciones de internautas en 2007? "Pudo haber suspicacias, pero no pruebas de nada. Además, la denuncia era muy desproporcionada. Hablaba de 400 millones desviados cuando jamás se ha recaudado una cantidad así".

Aún no se conoce la cantidad del supuesto desfalco; si se trató de decenas de miles de euros o de millones. En todo caso, queda una pregunta abierta: ¿Por qué la principal contratista de la filial de la SGAE era la antigua empresa de su director general?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de julio de 2011