Sentido de Estado

La situación de la economía española después de los cambios de mayoría en Ayuntamientos y comunidades autónomas tras las elecciones del 22 de mayo requiere del Gobierno y del PP que tomen la dirección exactamente contraria a la emprendida hasta ahora. En vez de culparse y amenazarse con todo tipo de acciones para perjudicarse mutuamente, deben ponerse de acuerdo en un pacto de Estado que despeje las líneas de política económica para los próximos años. Lo exigen el débil crecimiento económico, la elevada tasa de paro y el riesgo latente de nuevos ataques especulativos contra la solvencia española.

Y lo demanda también la Comisión Europea: España tiene que asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas y, para ello, debe imponer en el Estado y en las comunidades autónomas una norma que limite el crecimiento del gasto por debajo del crecimiento nominal del PIB, algo que no se puede conseguir sin un pacto político.

Hay razones muy graves para pedir ese gran acuerdo económico. A pesar de que el Gobierno español está cumpliendo escrupulosamente los objetivos de déficit y, con mayor o menor acierto, ha conseguido cerrar una reforma del sistema de pensiones e impulsar otras en el sistema financiero y en el mercado laboral, lo cierto es que siguen pesando sobre la deuda española dos graves reticencias que solo tienen solución desde un marco coordinado de política económica. Por un lado, las instituciones y los inversores recelan del bajo ritmo de crecimiento; temen que con tasas del 0,8% sea imposible cumplir el plan de ajuste que debe reducir el déficit al 3% en 2013.

Este temor se puede leer entre líneas de los informes y comunicados de la Comisión. El problema es que, además, después del 22 de mayo ha estallado un nuevo motivo de recelo. El problema del déficit y del endeudamiento municipal y autonómico, un asunto clamorosamente ausente durante la campaña, ha surgido como una amenaza grave para la credibilidad de la economía española. El PP de Castilla-La Mancha ha sembrado la sospecha (sin aportar pruebas) de un descomunal déficit oculto (desmentido por el Gobierno saliente) que impediría, entre otras cosas, el pago de las nóminas. Para los inversores e instituciones internacionales no es difícil extrapolar las acusaciones del PP en Castilla-La Mancha al resto de los Gobiernos autónomos y concluir que la financiación regional española está en quiebra. Las consecuencias de esta acusación pueden ser devastadoras. Avalan las tesis más pesimistas de los mercados, según las cuales las deudas autonómicas acabarán convirtiéndose en deudas del Estado y provocarán el default español.

Es imprescindible, por tanto, que el PP deje a un lado acusaciones irresponsables y explore la vía política, ya sugerida por Mariano Rajoy, de llegar a un acuerdo con el Gobierno para calibrar los recortes en los gastos autonómicos. La participación del PP en un acuerdo de este tipo bastaría para acabar con la idea, también presente en el análisis de la Comisión, de que el Ejecutivo no tiene capacidad para imponer un plan drástico de austeridad a los poderes autonómicos. El PP parece haber entendido que su gestión, si llega a gobernar, será mucho más difícil si no cuenta con la estabilidad política y el consenso suficiente para aplicar los necesarios recortes.

Un pacto político sobre la financiación autonómica y, quizá, sobre algunas medidas económicas (como la reducción de las cotizaciones sociales, para incentivar el empleo, y el aumento del IVA, para preservar la estabilidad, como sugiere la propia Comisión), debe transmitir un mensaje rotundo: la economía española está hoy en las mismas condiciones de afrontar sus problemas y atender los compromisos internacionales para financiar la deuda como lo estaba antes de las elecciones. Esa disposición se manifiesta en la voluntad de tomar las medidas necesarias para reducir el déficit público a los términos fijados, sea mediante un recorte adicional del gasto o una subida de impuestos si resulta necesaria.

Las dos últimas legislaturas no han sido fértiles en pactos de Estado. Pero las dificultades de la economía española no admiten más mezquindades. Un sentido mínimo de responsabilidad política exige que se respeten las líneas básicas de una política económica sobre la que no caben demasiadas discrepancias. El acuerdo debe dar sentido a esa continuidad mientras dure la delicada situación económica.