Recoder quiere desmantelar la Ley de Barrios y dejarla sin financiación anual

La primera ley que aprobó el Gobierno del tripartito, al margen de los presupuestos, fue la Ley de Barrios. Aplaudida por alcaldes e incluso por la oposición, ha sobrevivido siete años, y ha permitido regenerar de distintas formas 92 barrios de toda Cataluña que requerían una atención especial por su degradación. Según la redacción original, debe abrirse un plazo cada año para que los Ayuntamientos, que se encargan a medias de financiar los proyectos, opten a los fondos. Pero según la Ley de Acompañamiento de los nuevos presupuestos, la Generalitat quiere eliminar la convocatoria anual y sustituirla por una vaguedad: "Cuando haya presupuesto". No es el único cambio en materia de vivienda y rehabilitación que pretende llevar a cabo: también desmontará la ley de derecho a la vivienda y la de urbanismo.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad lo confirmó ayer: este año, para empezar, ya no habrá convocatoria de la Ley de Barrios. En los presupuestos hay una partida de 62 millones reservados, pero es para acabar los proyectos que quedan pendientes del año pasado. No se abrirá el proceso de nuevas peticiones. Según Recoder, la idea es que la convocatoria se abra solo cuando haya "dotación suficiente" y no quiso adelantar si en 2012 eso será posible. El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, insistió en que al Gobierno no le parece una mala ley y que su intención es que en el futuro pueda volver a funcionar, si hay presupuesto suficiente.

El Departamento de Territorio reconoció ayer que todavía no se lo habían comunicado a los alcaldes. El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Bustos, explicó tras conocer la noticia por los medios de comunicación que no había podido analizar aún los cambios de la ley, pero señaló que si finalmente desaparece, "supondría un claro retroceso en las políticas que han permitido en los últimos años la recuperación e integración de los barrios".

No es el único cambio que el Ejecutivo de Mas quiere hacer en las áreas de este Departamento. El anteproyecto de la ley ómnibus del nuevo Gobierno dedica cerca de un centenar de artículos de los más de 600 que tiene a modificar la ley del derecho a la vivienda -cuya polémica tramitación se prolongó durante casi dos años- y la de urbanismo. De la primera, que capitaneó ICV, es destacable que elimina el alquiler forzoso de viviendas vacías recogido en el artículo 42.6, que sufrió infinitas modificaciones, de manera que la ley solo preveía el alquiler forzoso en "zonas de demanda residencial fuerte y acreditada". El borrador de CiU elimina no solo el 42.6, sino el establecimiento de estas zonas y las inspecciones para detectar pisos vacíos.

Además, incide sobre las políticas de impulso de vivienda pública y, por ejemplo, borra el apartado que especifica que hay que procurar que las viviendas de protección oficial (VPO) se distribuyan por todo el territorio con el fin de evitar guetos. También borra el límite de 30 años de la calificación como protección oficial, deja sin efecto las líneas de financiación para atender necesidades de vivienda en los Planes Territoriales Sectoriales, suprime la necesidad de que el planeamiento municipal informe sobre las necesidades de vivienda y la necesidad de que los edificios plurifamiliares de más de una planta tengan ascensor. Otra importante modificación que introduce es la posibilidad de que los adjudicatarios de vivienda social puedan adquirir otra vivienda libre.

Respecto a la ley de urbanismo, se reducen las reservas obligatorias de suelo para vivienda de protección en nuevas promociones, se limitan las evaluaciones ambientales estratégicas en el planeamiento y reducen las exigencias a los municipios pequeños de reservas para VPO.

El exconsejero de Vivienda y actual diputado de ICV, Salvador Milà, no daba crédito. "Esto es mucho más que una reforma de simplificación administrativa en cuestiones de plazos o temas formales. ¿Qué tienen que ver las reservas de suelo con esto? Tiene un profundo contenido ideológico y es un fraude", aseguró y recordó que el Tribunal Constitucional ha cuestionado las reformas incluidas en las leyes de acompañamiento.