Cultura hará que ocho grandes centros busquen más ingresos

La cultura, como no podía ser menos, no escapa a los recortes. Pero la ley ómnibus de simplificación y agilidad de la Administración, no solo incide en el gasto, sino que también reorganiza el Departamento de Cultura en función de unos criterios que su titular, Ferran Mascarell, ya había adelantado y que, básicamente consisten en recuperar buena parte de las competencias que tenían instituciones autónomas como el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (Conca), la Institución de las Letras Catalanas y la Entidad Autónoma de Difusión Cultural.

En esa línea se engloba también la creación de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, destinada a gestionar y dinamizar ocho de los grandes equipamientos, como el Museo Arqueológico de Cataluña, la Biblioteca de Cataluña y el Archivo Nacional de Cataluña. Una de las revoluciones que impondrá el nuevo organismo será que los ingresos que genere cada equipamiento se quedarán en las arcas de la propia institución.

En esta nueva reorganización, es el Instituto Catalán de Industrias Culturales, que pasa a llamarse Instituto Catalán de la Creación y de las Empresas Catalanas, el que se convierte en el instrumento de promoción cultural por excelencia.

Lo más simbólico del modelo que propugna ahora el Ejecutivo es la derogación de la ley del Conca, que perdería la más relevante de sus actuales atribuciones: la de otorgar subvenciones a entidades culturales, que volvería al Departamento de Cultura. El Ejecutivo recuperaría así un instrumento de gran calado político, quedando aparcada la apuesta -de apenas dos años de vida- de disponer de un Consejo de las Artes independiente al estilo anglosajón.

El Conca otorgó el año pasado 11.389.817 euros en ayudas, el 68% de su presupuesto, con los que atendió 496 de las 1.110 peticiones de subvención que se le dirigieron. Para este ejercicio, dispondrá únicamente de 11,1 millones de euros, lo que supone un recorte del 28,3% sobre los 15,5 millones que manejó en 2010.

De aprobarse la ley, el Conca ya no organizará la política de apoyo y de promoción de la creación, ni emitirá informes preceptivos. Como premio de consolación se le adjudica una labor de "auditoría" de las políticas culturales del Ejecutivo, así como la elección de los galardonados con los Premios Nacionales de Cultura de la Generalitat.