CiU busca limitar el acceso a la sanidad a quienes no lleven 6 meses empadronados

Si el miércoles el Gobierno de CiU exigía a las familias cinco años de empadronamiento en Cataluña para poder acceder al conocido como cheque bebé, ayer se reveló la propuesta para restringir el acceso a la sanidad pública a aquellos extranjeros no comunitarios que no lleven empadronados en Cataluña, como mínimo, seis meses y que además acrediten que no tienen cobertura sanitaria pública. La iniciativa está incluida en la conocida como ley ómnibus.

El Departamento de Salud, dirigido por Boi Ruiz, justifica que con la propuesta se quiere "frenar el turismo sanitario" y el fraude detectado de personas de países extracomunitarios que "solo vienen a operarse".

La exconsejera de Salud, Marina Geli (PSC) y la portavoz de ICV, Laia Ortiz, se mostraron sorprendidas ante la propuesta porque "choca" contra la ley de extranjería. Para la ecosocialista, la reforma también vulnera derechos humanos, porque "todo el mundo tiene derecho a ser atendido y cuando alguien viene aquí a operarse es porque lo necesita". Ortiz también alertó del "peligroso" mensaje que está lanzando CiU: "Primero, solo los de aquí".

La ley ómnibus también incluye otra reforma que ya ha levantado feroces críticas. CiU quiere abrir las puertas de los centros sanitarios públicos a la asistencia privada. La propuesta

modifica la Ley 8/2007 del ICS en que no se permitía "de ninguna manera" que los centros públicos fueran usados por la sanidad privada. El Ejecutivo catalán quiere eliminar esta prohibición.

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), que es la patronal del sector sanitario privado, se mostró "indignada", "sorprendida" y "muy enfadada". Tanto que su gerente, Lluís Monset, calificó la reforma de "declaración de guerra" al sector privado.

Para la patronal, abrir los centros públicos supone una "competencia desleal" para los hospitales privados. Monset ironizó con la medida convergente, precisamente un partido "que dice que quiere ayudar a los empresarios".

El Sindicato de Médicos de Cataluña da el visto bueno a la propuesta de CiU "siempre y cuando se delimiten claramente las fronteras entre la actividad pública y la privada". En caso contrario, el sindicato advierte de que se podrían producir "interferencias poco éticas", como descargar las listas de espera derivando casos a la privada. Laia Ortiz aseguró que la reforma es una "aberración del sistema" y coincidió con Geli en que la intención es "hacer negocio a base de los recortes". Para la exconsejera, el anuncio es una "cortina de humo" para tapar las cifras de los recortes sanitarios, que justamente el área de Salud detalló ayer.

El Departamento Salud deberá ahorrar este año 582 millones, que afectarán básicamente a la atención hospitalaria, farmacia y las inversiones en equipamientos. También se unificarán servicios de centros sanitarios cercanos. El objetivo de Salud descargar hospitales y apoyarse en la atención primaria.