El PP tiene una deuda

Desde que estalló la crisis de Irlanda, la economía española está amenazada por la tendencia a un empeoramiento progresivo de su deuda que agravaría la situación recesiva y dificultaría todavía más el estrangulamiento de la financiación pública y privada. El anuncio del rescate irlandés no solo no ha tranquilizado a los inversores, sino que refuerza la hipótesis de una repetición periódica de los episodios de crisis, que podría acabar desmintiendo la tesis de que "España no es Irlanda", a pesar de la solvencia de la banca española o de los ajustes fiscales en marcha. Ayer, el diferencial de la deuda española llegó a la cifra récord de 236 puntos básicos, subieron los costes de los seguros de crédito frente al impago y el Ibex 35 se hundía el 3,05% arrastrado por la desconfianza hacia la marca España.

La tarea política prioritaria hoy es recuperar la confianza en la solvencia de las finanzas españolas. Pero el Gobierno no es la única institución implicada en esta labor. El primer partido de la oposición, el PP, tiene una responsabilidad manifiesta en la gestión del gasto público. Gobierna en varias autonomías y en muchos Ayuntamientos. Las costuras de la economía, intensamente presionadas por la falta de crédito y el hundimiento de la demanda, han empezado a romperse por los impagos de comunidades y Ayuntamientos a proveedores; se destruyen empleos y empresas, al tiempo que, por desgracia, no se coordinan políticas de contención del gasto y de la deuda en las instituciones que controlan más del 60% de los recursos del país.

El PP tiene una deuda de responsabilidad con la economía española. Una parte del déficit que pesa sobre las instituciones es imputable a decisiones tomadas por Gobiernos del PP. Puede eludir su responsabilidad, como ha venido haciendo hasta ahora, manteniendo la estrategia de desgaste del Gobierno sin aceptar ningún acuerdo que mejore la estabilidad económica; o puede honrarla, aceptando una negociación de un amplio acuerdo que contribuya a moderar el endeudamiento y el gasto de autonomías y Ayuntamientos y respalde el plan de austeridad del Gobierno. Ese acuerdo, que el Gobierno está obligado a proponer con criterios realistas, es imperativo porque a corto plazo resulta imposible mantener los niveles de gasto autonómico y local y es probable que en 2011 sean necesarios nuevos y drásticos recortes.

Se equivoca el PP si cree que los efectos de las tormentas de la deuda se esfumarán después de las elecciones de 2012. Si no se toman decisiones ahora, reestructurando algunas administraciones periféricas mediante un pacto entre el Gobierno y la oposición, no se restablecerá la confianza en las emisiones españolas, gobierne quien gobierne. Un acuerdo sobre política autonómica reduciría la prima de riesgo y enfriaría las expectativas de éxito de futuros ataques especulativos. Si el PP no colabora hoy, dejará un retrato nítido y desagradable de cómo sería un hipotético Gobierno de Rajoy y será corresponsable de cualquier agravamiento de la situación económica.