El fiscal pide 5 años para el alcalde de Tordera por verter aguas residuales

Cuando la justicia penal se pone en marcha resulta imparable. Lo saben muy bien una docena de alcaldes de Cataluña, que ya están inculpados en procesos penales por verter aguas residuales contaminantes a los lechos de las rieras ante la falta de depuradoras que debería haber construido la Agencia Catalana del Agua (ACA), adscrita al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.

Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de CiU de Tordera (Maresme), es el primero que se sentará en el banquillo. El fiscal solicita para él cinco años de cárcel por haber permitido desde 2007 el vertido de aguas residuales generadas en la urbanización Terrabrava al torrente de Les Roques Llises o de Terrabrava, y de ahí a la riera de la Vall Lliparda.

El fiscal le aplica las agravantes de vertidos clandestinos y de desobedecer las órdenes expresas de la Administración para corregir la contaminación. La ACA abrió expediente al Ayuntamiento en septiembre de 2007, pero lo cerró meses después al comprobar que el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales de 2005 incluía la construcción de una depuradora para la zona.

Este primer juicio marcará la senda del resto de las causas judiciales pendientes. La defensa, ejercida por Javier Melero, considera que el alcalde está amparado por la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2009, que incluía una disposición transitoria en la que autorizaba a proseguir los vertidos en los municipios cuya depuradora u otras instalaciones de saneamiento estuvieran incluidas en el plan de la ACA de 2005.

"Error invencible"

"Es como si uno va a Hacienda a que le hagan la declaración y después le acusan de delito fiscal", explica Melero para referirse a que la ley aprobada por el Parlament exime de responsabilidad penal a los alcaldes y los Ayuntamientos. Es lo que en términos jurídicos se denomina "error invencible". Otra cosa es que la ley del Parlament fuese un error político porque ha causado esa situación de inseguridad en los municipios. El fiscal solicita también para el alcalde cuatro años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupa desde 1995 y 7.500 euros de multa por el mismo delito contra el medio ambiente.En el escrito, el fiscal afirma que el alcalde de Tordera, "incumpliendo sus obligaciones legales, permitió, consintió, toleró y propició" el vertido de las aguas residuales sin depurar ni tratar, que contaminaron los cauces públicos y generaron un "grave riesgo de afectación a espacios naturales protegidos". Esa tesis se traduce en el hecho de que el oxígeno disuelto en el agua en los cauces de la zona pasa del 60% a concentraciones de entre el 4% y el 29% después de los vertidos.

La defensa, por el contrario, sostiene que el alcalde hizo todo lo que entraba dentro de sus competencias, pero que ni contaba con los recursos económicos necesarios ni existía otra solución que no fuera la depuradora que debía construir la Agencia Catalana del Agua (ACA). La defensa añade que la ley del Parlament, "sea acertada o no", tiene "plena apariencia de legalidad" y ampara la actuación del alcalde. Por ese motivo, solicita en su escrito que declare como testigo en el juicio el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, así como toda la cúpula de la ACA, a la que dirigió varias cartas en las que explicaba la situación creada.

La ACA, por su parte, invoca la ley del Parlament para justificarse y asegura que en cuanto tenga un nuevo programa para el periodo 2011-2015 que garantice su funcionamiento, procederá a realizar las depuradoras programadas.

Durante la investigación de la causa el fiscal solicitó la clausura del colector, pero el juzgado la denegó por considerar que eso causaría un grave perjuicio a las más de 200 familias que viven en la urbanización de la que proceden las aguas, ya que se les impediría utilizar los lavabos.