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La depuradora que nunca llega

Alcaldes investigados por vertidos de aguas residuales acusan a la Agencia Catalana del Agua de dejarles sin alternativa por retrasos en las inversiones

El municipio de Subirats (Alt Penedès) tiene 3.100 vecinos y su paisaje lo dominan suaves colinas colmadas de viñedos que albergan 15 pequeños núcleos urbanos. Uno de ellos, Cantallops, ubicado al lado de la N-340, consta de un puñado de casas, habitadas por 80 vecinos. "Desde siempre", según su alcalde, Antoni Soler (ERC), las aguas fecales que produce el poblado caen a una riera cercana. Ahora tiene que responder por ese vertido ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña. La solución al problema es una depuradora que debe construir la Agencia Catalana del Agua (ACA) y que arrastra cinco años de retraso.

La situación de Soler la comparten otros ocho alcaldes catalanes (véase EL PAÍS de ayer). Según el fiscal, todos han incumplido sus obligaciones en materia de saneamiento por permitir vertidos de aguas residuales en sus municipios. Sin embargo, según la Federación de Municipios de Cataluña, la responsable del problema es la ACA, que debe construir las depuradoras. La fiscalía considera que, a pesar de ello, los alcaldes hacen poco para evitar la contaminación. "Si la ACA me da el dinero, ahora yo mismo construyo la depuradora", explica Soler, de pie junto a la riera de Cantallops, mientras espanta las moscas que vuelan por el lugar. El tímido calor otoñal del mediodía calienta el pequeño caudal y levanta algo de hedor que no alcanza las casas de los vecinos más próximos, que se hallan a varios centenares de metros arriba de la colina.

"Somos los tontos de la película", se queja el regidor de Subirats

Desde 2005, las dos depuradoras necesarias en la zona y otras nueve en el mismo municipio figuran en el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU). Juntas suman una inversión de más de dos millones de euros. En 2007 las obras se incluyeron de nuevo en la actualización de ese plan y en 2009 fueron programadas para antes de 2014. Hace poco se comenzó una, en la zona de Lavern.

Otro Ayuntamiento investigado es el de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) por los vertidos en el torrente de Can Noguera. Esteve Carbonell, el alcalde (PSC), explica que está negociando un convenio con la ACA para que el municipio asuma obras que no le corresponden.

"Estamos en crisis y las obras son más lentas, pero aquí los alcaldes somos los tontos de la película", asegura Soler, que el pasado 5 de octubre declaró como imputado. El alcalde se siente ofendido porque, asegura, llegó al Ayuntamiento precisamente gracias a su labor en defensa del medio ambiente. En 1995, cuando era regidor de Medio Ambiente, dirigió las acciones legales que obligaron a Fecsa a pagar por los incendios que en 1994 quemaron unas 60 hectáreas del municipio.

En su defensa han salido el pleno del Consistorio y del consejo comarcal. En sendos escritos piden a la Generalitat la ejecución de las obras incluidas en el plan de la ACA. "Si todo sigue así, van a imputar a todos los municipios que están en la lista de espera del PSARU", zanja Soler.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2010