La xenofobia en Europa | La crisis en los países comunitarios

París y Berlín se enfrentan por los gitanos

Merkel desmiente a Sarkozy sobre su intención de desmantelar campamentos - El Gobierno francés dice que la crisis acabó con la hipocresía sobre los rumanos

La Francia de Nicolas Sarkozy trasladó ayer su propensión al conflicto desde Bruselas a Berlín a propósito del anuncio presidencial francés de que la canciller germana también prepara el desmantelamiento de campos ilegales en Alemania. La medida fue desmentida vehementemente por un portavoz de Angela Merkel, y en términos más diplomáticos por el ministro alemán de Exteriores, que lo atribuyó a un malentendido. La Comisión Europea, herida por el encontronazo previo de Sarkozy con su vicepresidenta Viviane Reding, optó por mantenerse al margen del conflicto. Sus competencias han sido cuestionadas por Francia en un momento en que los Estados de la Unión intentan ampliar su control de la Unión en detrimento de las instituciones.

"Ha habido un malentendido", afirma el ministro alemán de Exteriores
La Comisión ha optado por seguir adelante como si nada hubiera pasado
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La nueva algarada ha estallado por un explosivo comentario de Sarkozy en la conferencia de prensa que siguió al agitado Consejo Europeo del jueves: "Merkel me ha anunciado que dentro de unas semanas ella también va a levantar varios campamentos".

Aludir a xenofobia, al desmantelamiento de campamentos y la expulsión de gitanos es una cuestión que en Alemania evoca con más fuerza que en Francia el siniestro pasado, con cientos de miles de gitanos gaseados por los nazis en los campos de exterminio. El Ministerio del Interior germano reveló que desde el año pasado ha estado repatriando a Kosovo refugiados, incluidos gitanos, pero precisó que Kosovo no pertenece a la UE y por tanto sus naturales no gozan de los derechos de los ciudadanos europeos.

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"La cuestión de los gitanos en Alemania no estuvo en las conversaciones entre la canciller y el presidente francés", se leía en un comunicado de la cancillería berlinesa. "Creo que ha habido un malentendido", terció el jefe de la diplomacia, Guido Westerwelle, intentado quitar hierro al conflicto. "Más allá de las diferencias de apreciación, de la agitación y de los malentendidos, la entente franco-alemana es perfecta".

En París fue el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, quien dijo no haber escuchado nada sobre el particular, pese a haber estado presente mientras hablaban Sarkozy y Merkel. Tampoco el presidente le hizo partícipe del presunto secreto, señaló el ministro, quien apuntó que no tenía motivos para dudar de la palabra de ninguno de los dos dirigentes. Alemania y Francia son los grandes motores de la Unión y tienen motivos para minimizar desajustes, que a lo político suman las disonancias personales de Sarkozy y Merkel. A la sobria canciller se le hace cuesta arriba el excesivo relampagueo presidencial.

Pese a la crisis abierta por las expulsiones de gitanos, París insiste en sus planes. "Al menos ha permitido reventar la burbuja de la hipocresía" respecto de "una minoría de la que no nos hemos ocupado" durante las ampliaciones de la UE, declaró ayer el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.

Kouchner también relativizó el espectacular encontronazo verbal del jueves entre Sarkozy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. "No es un incidente grave. Se conocen bien", explicó. "Cada uno está en su papel".

El respectivo papel se encarnó en el pulso librado a gritos entre Barroso y Sarkozy, reflejo del pulso de los Estados con la Comisión, que en los últimos años ha sido vista por los más eurófilos como excesivamente proclive a ceder su primacía a los Gobiernos. Ayer mismo, la portavoz del Ejecutivo comunitario tuvo que confirmar a los incrédulos que la malhadada comisaria de Justicia, Viviane Reding, iba a seguir con sus planes de investigar la actuación francesa en el asunto de los gitanos. "La Comisión tiene que hacer su trabajo y lo va a hacer", zanjó la portavoz en un día en que la consigna era evitar a toda costa comentarios adicionales a lo declarado la víspera. El seguir adelante como si nada hubiese ocurrido fue lo acordado el jueves, al reconocer salomónicamente, como hizo el presidente Herman Van Rompuy, que los Gobiernos tienen el derecho de aplicar la ley nacional y la Comisión el derecho de velar para que la aplicación se ajuste a la ley europea.

Una veterana fuente comunitaria valora que la Comisión optara ayer por la discreción y por ejercer su papel de guardián de los tratados, creyendo que al final acabará por imponer su criterio a una Francia que se ha resistido al deseo de fiscalizarla de Reding por estimar que la Comisión no es quién para enmendar la plana a un gran país soberano.

Un grupo de gitanos espera en el aeropuerto francés de Lille para embarcar en el avión que los llevará de regreso a Rumania.
Un grupo de gitanos espera en el aeropuerto francés de Lille para embarcar en el avión que los llevará de regreso a Rumania.REUTERS

Derechos y limitaciones de los ciudadanos europeos que viven en otro país de la UE

La mala aplicación de la directiva que desde 2004 encuadra la libre circulación de los ciudadanos de la UE en el territorio comunitario ha dado lugar a la apertura de un número indeterminado de procedimientos de infracción a 15 países, según algunas contabilidades sobre las que la Comisión no quiso pronunciarse ayer. El caso francés es el más llamativo.

Estos son los principales artículos de la directiva:

- Derecho de residencia.

Los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en otros Estados miembros por un periodo de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válido. El periodo puede ser superior a tres meses si tiene un trabajo en el Estado de acogida; si dispone de recursos suficientes, así como de un seguro de enfermedad; si está matriculado en un centro público o privado.

- Limitaciones del derecho de entrada y residencia.

Los Estados miembros pueden limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Las medidas adoptadas por estas razones deben ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse en la conducta personal del interesado, que debe constituir una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Para comprobar si el interesado constituye un peligro para el orden público el Estado de acogida puede pedir al de origen información sobre los antecedentes penales.

- Garantías procesales.

Cuando se tome una decisión contra un ciudadano de la UE por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, el interesado podrá interponer los recursos judiciales y, en su caso, administrativos del Estado de acogida o solicitar la revisión de la misma. Cuando la solicitud de recursos vaya acompañada de la solicitud de una orden provisional de suspensión de la ejecución de dicha decisión no podrá producirse la expulsión.

- Protección contra la expulsión.

Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o de seguridad pública, el Estado miembro de acogida debe tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, su estado de salud, su situación familiar y económica, su integración social y cultural y la importancia de los vínculos con su país de origen. El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de expulsión contra un ciudadano de la UE o un miembro de su familia que haya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública.

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