El Estatuto ya tiene sentencia
Solo el tiempo dirá si se trata de un gesto sincero o de otra escenificación de la política catalana, pero el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de la oposición y de Convergència i Unió, Artur Mas, se esforzaron ayer para dejar claro que lucharán juntos para repescar los conceptos del Estatuto catalán recortados por el Tribunal Constitucional.
El Estatuto catalán es la vara de medir de la España autonómica. El resto de regiones estudian ahora qué partes (constitucionales) de esa norma les conviene incorporar a sus leyes, y su reverso tenebroso: los recortes que heredarán del fallo del Tribunal Constitucional. Ya lo ha avisado el Poder Judicial: "Lógicamente, va a afectar , tendrán que acomodarse a lo establecido".
La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión.
El escenario se repitió por segundo día consecutivo. Madrid se volvió a quedar ayer otra vez sin su principal red de transportes: el metro. Volvió a amanecer sin servicio el suburbano, en el que se desplazan más de dos millones de ciudadanos. Volvieron las largas colas de gente esperando el autobús, los atascos a la entrada y en el centro de la ciudad y los trenes de Cercanías de Renfe repletos.
La guerra abierta en que se ha convertido la política castellanomanchega llegó ayer a la asamblea de la Caja Castilla-La Mancha, en Cuenca, que aprobó anoche su absorción por Cajastur. Técnicamente, se votó la segregación del negocio bancario de la entidad castellano-manchega a favor de Banco Liberta SA, propiedad de Cajastur.
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan.