La mitad del cine en Cataluña hablará catalán

Después del palo de la sentencia del Estatuto, la aprobación ayer por amplia mayoría (117 votos a favor y 17 en contra) de la Ley del Cine de Cataluña fue como un bálsamo para el Gobierno tripartito catalán. Y, muy especialmente, para ERC, que al mando de Cultura había apostado fuerte por esta norma que acabó votando también CiU pese a que, tras alabar el trabajo de los grupos en el Parlamento catalán, durante el debate lanzó duras críticas contra el departamento por considerar que había actuado "de manera sectaria", "en clave de partido y no de país". Solo PP y Ciutadans votaron en contra de la ley por considerarla "intervencionista" y reprocharon que no se hubiera aplazado la votación hasta comprobar si podía verse afectada por la sentencia del Constitucional. El parlamentario popular Rafael López criticó que se obligue al sector privado a ofrecer la mitad de cine en catalán en aras al derecho de elección cuando, dijo, en la enseñanza "el sector público no garantiza el bilingüismo".

En el debate hubo llamadas al diálogo con el sector para su aplicación

El consejero Joan Manel Tresserras, convencido de que la ley es plenamente constitucional, había defendido que la ley "servirá para reforzar el sector desde el punto de vista industrial, facilitará el acceso a más filmografías que la estadounidense a través de la red de salas concertadas, mejorará la oferta de la versión original subtitulada y aumentará la oferta de cine en catalán".

La redacción final de la ley ha añadido la obligación de los exhibidores de proyectar en versión catalana la mitad de las copias digitales de filmes no comunitarios. Pero, también, abre más vías de negociación en lo que se refiere a los plazos y la manera de aplicar la ley que tendrán que desplegarse en un reglamento, para cuya elaboración todos los grupos abrieron los brazos al sector de la distribución y la exhibición. La zanahoria para que cejen en su oposición frontal al texto, algo que de momento parece difícil, es un futuro acuerdo industrial para asegurar la implantación de la ley (que podría incluir subvenciones y ayudas al doblaje, como se viene haciendo hasta ahora) y también ayudas financieras para facilitar el paso de las salas al formato digital.

El parlamentario socialista Josep Maria Balcells se explayó en la petición de diálogo al sector. "No estamos en guerra contra ellos", señaló. "Queremos decirles que con la ley estamos a su lado no solo para evitar que entren en crisis irreversible sino para que puedan salir más fortalecidos a medio y largo plazo. Estamos seguros de que será así, pese a la beligerancia actual e incluso a la mediática".

Adelantándose a las posibles acciones que puedan anunciar hoy las grandes distribuidoras y los exhibidores, Balcells dijo que es posible que las majors amenacen con un boicot aunque acabarán cumpliendo la ley porque, indicó, "no dejarán que Cataluña quede fuera de este mercado, y la demanda [de cine en catalán] irá in crescendo".

La ley, que prevé sanciones de entre 1.000 y 75.000 euros, entrará en vigor en enero.