¿Qué fue de la ley sostenible?

24 de mayo de 2009. José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una ley que "va a cambiar muchas cosas" en España. Esta norma, que se aprobará en un Consejo de Ministros en Sevilla, llevará a Andalucía a convertirse en pionera de un patrón de crecimiento respetuoso con el medio ambiente, añade el presidente.

27 de noviembre de 2009. Tras algún retraso, el Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, una norma que, según la mayoría de analistas, apunta en la buena dirección, pero obvia las medidas básicas, aquellas sin las cuales es imposible mejorar la competitividad española: las reformas del sistema educativo y del mercado laboral. El Ejecutivo espera que la norma salga del Parlamento a mediados de 2010.

La falta de apoyos y el ajuste fiscal pueden acabar por descafeinar la norma

14 de junio de 2010. Dos días antes de aprobar la reforma laboral que hasta hace pocos meses el Gobierno se negaba a afrontar, la ley estrella del mandato de Zapatero sigue estancada en el Parlamento y no saldrá adelante antes de verano. Marta Gastón, portavoz socialista de Economía en el Congreso, asegura que "sin ninguna duda este año tiene que estar más que aprobada".

Ha pasado ya medio año desde que el Ejecutivo aprobó su plan que se apoyaba en cuatro patas: la fiscal -beneficios para las empresas innovadoras y para la rehabilitación de viviendas-; la medioambiental -apoyo a las energías renovables y al transporte ferroviario de mercancías-; la empresarial -agilización a la creación de sociedades-; y la de la transparencia -en órganos reguladores y en empresas cotizadas-.

Las propuestas que durante meses había exigido La Moncloa a todos los ministerios cristalizaban ese día en el paquete que aprobó el Consejo de Ministros. Un cajón de sastre deslavazado, según algunos. Un conjunto de ideas coherentes que apuntan en la buena dirección, según otros. Pero el proyecto al que Zapatero había confiado algo tan ambicioso como el cambio de modelo quedó eclipsado por un artículo escondido en la disposición final que implica que un órgano administrativo bajo supervisión judicial controle las descargas de Internet.

Algunas de estas medidas, las de impulso de la rehabilitación de viviendas principalmente, entraron en vigor el pasado mes de abril por el decreto ley que siguió a los pactos fraguados en el Palacio de Zurbano.

Es cierto que se trata de un proyecto con vistas al medio o al largo plazo, y que no va a sacar a España de la crisis actual. Pero ello no obsta para que expertos como Javier Andrés, de la Universidad de Valencia, consideren que la ley es una buena idea. "Parece que al fin se han dado cuenta de que España ya ha sufrido dos recesiones grandísimas y que no se puede permitir estos vaivenes", asegura. "Pero el mensaje del Gobierno ha sido equivocado. Según su discurso, el nuevo modelo no va a perjudicar a nadie, todos van a ganar. Y si iniciamos una reconversión importante, mucha mano de obra no cualificada va a salir perdiendo. ¿O de repente todos se van a convertir en bioquímicos?", añade.

La falta de apoyos parlamentarios y el ajuste fiscal pueden acabar por descafeinar esta norma; y que lo que finalmente publique el BOE se aleje de lo que salió del Consejo de Ministros. "En estos meses han surgido otras prioridades económicas que ahora son más urgentes. Estamos trabajando y, por su complejidad, es mejor que lo hagamos con tiempo", dice la diputada socialista Gastón. "Se ha desvirtuado el contenido de la ley, que con suerte entrará en vigor en 2012", dispara el ex ministro socialista Jordi Sevilla.