Un euro gobernado

El mecanismo de asistencia financiera para evitar la quiebra de los países de la zona euro, dotado con 750.000 millones de euros, ha conjurado la amenaza que pesaba sobre el euro y el descalabro general de la deuda europea. No fue sólo el salvavidas lanzado por los países del euro en una decisión histórica lo que disparó ayer los mercados. El Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado a comprar deuda y todo apunta a operaciones concertadas entre los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Suiza, Reino Unido y Canadá para inyectar dólares en el mercado interbancario y acabar con las tensiones de liquidez. Será en su conjunto una intervención financiera pública sin precedentes para salvar el euro.

Los máximos responsables de la política económica europea han ofrecido así la imagen de un área euro que se gobierna a sí misma por primera vez. Haciendo de la necesidad virtud, los países agrupados en el euro están empezando a resolver ahora, acuciados por la crisis, los déficits de gobernanza económica que se arrastraban desde la creación de la moneda única. Se trata, se quiera admitir o no, de un salto adelantes sin precedentes hacia un Gobierno económico común de la zona euro.

El acuerdo in extremis, después de una semana tenebrosa para los mercados, ha causado un movimiento pendular contrario: una euforia incontenible en los parqués (el Ibex 35 llegó ayer a ganar el 14,4%, récord de las subidas bursátiles en España) y un reflujo general de las presiones sobre el diferencial de deuda (el del bono español con la deuda alemana bajó desde 140 puntos básicos a 97).

Pero el éxito del fin de semana no es garantía de éxitos futuros. Hay que proseguir en este camino. La decisión europea, de una contundencia excepcional, equivale a comprar tiempo para que los países afectados por las dudas de los inversores puedan ejecutar los planes de ajuste. La volatilidad de los mercados indica que cualquier incumplimiento puede desatar un nuevo espasmo depresivo. No basta con anunciar ajustes; tienen que ser creíbles y hay que aplicarlos.

El Gobierno español es uno de los destinatarios de este mensaje. La vicepresidenta Salgado anunció el domingo un recorte adicional del déficit del 0,5% del PIB este año y de un 1% más en 2011, aunque no sabemos todavía cómo se conseguirán esos ahorros. Los inversores, las agencias de rating y los analistas aplauden el esfuerzo, pero tienen escasa confianza en la capacidad del Gobierno para cumplir con los ajustes. El equipo económico ha repetido que no recortará los gastos sociales; tampoco parece dispuesto a reducir el coste de la Administración; y el recorte de la inversión pública produciría un daño considerable a la recuperación (bastante más que la subida del IVA).

La política económica que tiene que ejecutar el Gobierno es más difícil que anunciar sucesivos recortes del déficit. Las promesas sirven de poco si no se explican las medidas que harán posible su cumplimiento. Si esas medidas no se anuncian con rapidez, la deuda española volverá a perder credibilidad. Cuando se esfume la euforia por el acuerdo europeo, los escrutadores de los mercados volverán a vigilar las decisiones; los anuncios ya están descontados.