Las cartas del Gobierno

La propuesta de acuerdo contra la crisis que el Gobierno envió ayer a los partidos políticos incorpora dosis de realismo en alguna de las medidas más urgentes y algún que otro apartado de escasa concreción, pero constituye un documento útil para el debate. Las fuerzas parlamentarias tienen ahora la obligación de apurar los dos meses de plazo fijados para el acuerdo con propuestas sensatas, capaces de estimular una economía que necesita, ahora más que nunca, el concurso de todos los agentes sociales. El documento, que recoge alguna de las ideas presentadas en el Parlamento por los grupos, fija como prioridades la lucha contra el paro y la reactivación del crédito.

Llama la atención la apuesta por rebajas fiscales a la rehabilitación de viviendas y a las obras de reforma en las casas con el objetivo de recuperar 350.000 empleos. Más allá de las lógicas suspicacias que pueda despertar una propuesta que no parece apuntar al cambio del modelo productivo español, lo cierto es que el país necesita soluciones rápidas que frenen la sangría del paro. Asimismo, el Ejecutivo ofrece un nuevo plan para poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas créditos de hasta 200.000 euros a través del ICO. La entidad financiera que gestione estas operaciones no se expone a ningún riesgo, y a cambio obtendrá jugosas comisiones. Lo que se pretende es resucitar una especie de banca pública para que el dinero llegue a empresas ahora asfixiadas.

Hay otras medidas, como que ayuntamientos y comunidades recorten sus gastos de personal un 4%; el pago a los proveedores en un plazo inferior a 60 días -30 si se trata de la Administración pública- y un modelo energético para 2020 con más peso de las fuentes eólica y solar. Pese a todo, es difícil desembarazarse de la idea de que el Gobierno de Zapatero ha perdido mucho tiempo. La singularidad mayor de la crisis en España es una tasa de desempleo que dobla la media europea. El mantenimiento de ese desnivel es el origen de una espiral destructiva: los ascensos del paro reducen la renta disponible y la confianza de las familias, inhiben el consumo, deterioran los resultados empresariales, acentúan el racionamiento crediticio, frenan la inversión y... vuelta a empezar.Sobre ese estrecho vínculo entre paro y asfixia crediticia debe actuar de forma prioritaria el Gobierno y, además, debe contar con el apoyo de todos los partidos, especialmente el PP, la otra formación con posibilidades de llegar a La Moncloa, y que ya gobierna en muchas comunidades autónomas. Entre otras cosas, porque normalizar el funcionamiento de los mercados de crédito exige que ese 50% del sistema bancario que constituyen las cajas acelere su reestructuración. Para conseguirlo no se necesitan grandes documentos, sino concretas prioridades. Pronto veremos si los partidos españoles, entrenados sólo para la bronca, están preparados para ese reto.