Un 'remake' contra Hollywood

Con esta nueva ley, es la segunda vez que el Gobierno catalán intenta imponer cuotas de doblaje o subtitulado en catalán, especialmente de las películas más taquilleras. Lo intentó el Gobierno de Jordi Pujol en 1998 con un decreto que suscitó el mismo debate y las mismas críticas que el proyecto de ley actual. Distribuidores y exhibidores recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió la capacidad sancionadora del decreto, con lo que éste quedó en agua de borrajas. Tras pactar con las majors estadounidenses el doblaje de un mínimo de películas a cargo de la Generalitat, en 1999, el mismo Gobierno de Pujol se vio obligado a retirar el decreto. Entonces el porcentaje de copias de cine en catalán apenas superaba el 2%; 10 años después sólo ha aumentado un punto. Hasta en esto el remake es idéntico.

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Con esta experiencia, el segundo Gobierno tripartito ha reiniciado el proceso, pero ahora ha optado por publicar una ley para asegurarse la capacidad sancionadora. El departamento de Cultura y Medios de Comunicación, en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), intentó pactar con distribuidores y exhibidores. Se comprometió por escrito a asumir el coste del doblaje o la subtitulación al catalán y compensarles si hubiera pérdidas por deserción de público. A pesar de esas ventajosas condiciones, se encontraron con la negativa de las majors, para las que no es tanto un problema de dinero como de principios: les asusta crear precedentes que puedan esgrimir otras comunidades lingüísticas.

Ante la velada amenaza de productores y distribuidores de limitar el número de copias para no verse obligados así a dar versión catalana de los filmes, la reacción de ERC fue inmediata: endureció aún más el proyecto de ley.

La polémica, en cualquier caso, ha sepultado dos aspectos importantes. Por un lado, los costes. Según un estudio encargado por los distribuidores, el doblaje al catalán de una película valdría de media unos 25.000 euros, a los que habría que añadir 1.500 euros si el proceso fuera en sistema dolby y 1.300 más de la primera copia física, que se rebajan a 650 euros a partir de la segunda copia. El subtitulado es aún más económico: 4.500 euros la primera cinta y 1.500 cada copia.

El segundo aspecto oculto es la cantidad de medidas de tipo industrial que ofrece la ley, como la unificación de ayudas institucionales al sector, a partir del Instituto Catalán de Industrias Culturales, el Instituto Catalán de Finanzas y la televisión autonómica.

Asimismo, la ley es ambiciosa con la industria, por lo que incide en todas sus fases. Así, se prevé la creación de fondos de fomento a la producción, a la distribución independiente y también ayudas a la exhibición. En este apartado está incluida la creación de una red concertada de pantallas para promover filmes producidos en Cataluña, la Unión Europea o fuera de ella pero siempre de interés cultural y siempre subtituladas en catalán si la versión original no es una lengua cooficial en Cataluña. Otra aportación es la ayuda a la digitalización de las salas. En dos últimas vueltas de tuerca, también se compromete a vigilar más las prácticas de las distribuidoras que obstaculicen la libre competencia y a impulsar un estudio sobre la situación laboral del sector. No es poco.

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