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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

No en mi comunidad

Ningún dirigente territorial quiere tener cerca un almacén nuclear que se aprobó por unanimidad

El País

Si el pleno del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), controlado por CiU con apoyo socialista, mantiene lo anunciado, hoy aprobará su candidatura para albergar el almacén centralizado que debe conservar los residuos nucleares de toda España, el ATC. Esa candidatura se uniría a la ya presentada por Yebra, Guadalajara. La decisión de optar al ATC es competencia municipal, según recordó ayer la ministra de Medio Ambiente. Pero tanto CiU como los socios del PSC y, finalmente ayer, el presidente catalán, el socialista José Montilla, han expresado su rechazo a que Ascó acoja dicho almacén.

El debate sobre cómo almacenar los residuos es independiente de la opción a favor o en contra de la energía nuclear. Tanto si se abren más centrales como si se cierran las existentes, sus residuos deberán ser almacenados. Hay para ello tres soluciones: mantenerlos dispersos en instalaciones anexas a las centrales, como ahora; enviarlos a almacenes ubicados en Francia, como también se hace con una parte de los residuos (lo que a partir de diciembre costará 60.000 euros al día); o construir un almacén centralizado de máxima seguridad, preferentemente donde ya haya alguna central. El Congreso aprobó en 2004, por unanimidad, instar al Gobierno a adoptar esta tercera fórmula, avalada como la más eficiente desde el punto de vista de la seguridad.

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Los argumentos de Montilla, presionado por sus socios de Gobierno (uno de los cuales, ICV, amenaza con romper el tripartito), son que no hay suficiente consenso para la candidatura de Ascó y que Cataluña ya ha cubierto su cuota de solidaridad con sus centrales, que producen el 40% de la energía nuclear española. En eso coincide con su homólogo castellanomanchego, José María Barreda; la líder del PP en esa comunidad, María Dolores de Cospedal, y el convergente Artur Mas: sí a un ATC, pero no en mi comunidad.

Este doble lenguaje refleja un problema de fondo de la política española: algunos dirigentes autonómicos buscan legitimarse ante su electorado, no tanto por sus posiciones políticas (en este caso, acerca de la energía nuclear), como por la explotación de supuestos agravios frente a otros territorios y la reafirmación de la independencia respecto al poder central y el propio partido. Una estrategia en la que José Bono reveló ser un maestro.

Equilibrios que a menudo les obligan en incurrir en contradicciones. Montilla, por ejemplo, apostó por el almacén centralizado en 2004, como ministro de Industria, y en 2006 impulsó la campaña televisiva en la que invitaba a los ayuntamientos a optar al ATC. En 2008, siendo ya presidente de la Generalitat, su partido se opuso a una moción del Parlamento catalán contraria a la instalación del ATC en Cataluña. Cospedal es a un tiempo la número dos del PP nacional, fuerza que votó el ATC, y la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, que expedientará a los concejales de Yebra por presentar su candidatura al mismo.

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