Los distribuidores denuncian "un verdadero castigo al sector"

Antes de nada quiere dejar claro una cosa: "Nadie en el mundo de la exhibición y de la distribución en España es contrario a que se promueva la lengua catalana, lo que sí rechazamos es que se haga a costa de un sector privado". Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, el organismo que agrupa al 90% de las empresas de distribución cinematográfica, está seriamente alarmado por la decisión de la Generalitat de obligar a doblar al catalán la mitad de las copias de cualquier filme, exceptuando los europeos, que se estrenen en la comunidad autónoma, medida contemplada en el proyecto de ley aprobado el martes y que será remitido al Parlament por el procedimiento de urgencia.

"Traerá una gran pérdida de puestos de trabajo", dice Hernández de Carlos

"Es claramente una ley de castigo al sector de la exhibición y la distribución. De aprobarse el texto en los términos actuales, las consecuencias serán tremendas y los efectos devastadores. El sector camina hacia un precipicio muy complicado", asegura el presidente de Fedicine, quien explica que si en la actualidad no se doblan las películas al catalán es porque no hay demanda: "El doblaje y la subtitulación es una decisión comercial que adopta el titular del derecho, o sea el distribuidor, para una mejor comprensión de la obra cinematográfica", dice Hernández de Carlos, que añade que, además, "en Cataluña hay dos lenguas y el castellano lo entiende todo el mundo".

No está sorprendido Hernández de Carlos por el endurecimiento del proyecto presentado el martes por el consejero de Cultura, Joan Manel Tresserras, de Esquerra Republicana de Catalunya, con respecto al anteproyecto, que sólo obligaba a doblar al catalán la mitad de las copias cuando éstas superaran las 15 pantallas. Algo intuía, pero no entiende el porqué de este salto tan radical. "Se me escapa a qué ha venido esto. Es una ley política que no contempla al sector, es una ley de política lingüística. Han mirado más al votante que al espectador de cine. Estamos en un momento electoral y de alguna forma es un banderín de enganche. Esquerra Republicana está en su perfecto derecho pero posiblemente las consecuencias de la ley no las padezcan ellos. Cuando la ley esté en vigor, no sé dónde estará cada uno de ellos. Si hubieran tenido más en cuenta al espectador que al votante hubiéramos entrado en una fase de negociación y no la imposición a la que nos quieren someter".

El sector de la distribución planteó un acuerdo con la Generalitat para probar, durante un año y en 53 pantallas repartidas por toda la geografía catalana, la proyección de títulos en catalán y estudiar los resultados, pero no hubo ninguna respuesta por parte del Gobierno de José Montilla.

Es rotundo el presidente de Fedicine cuando rechaza que el Gobierno catalán haya planteado el tema como un pulso con las majors de Hollywood. "Creo que, por primera vez, exhibidores y distribuidores vamos de la mano, estamos unidos al 100% y trataremos de hacer un frente común con el resto de sectores. Quienes más van a sufrir en caso de que el proyecto se apruebe en los términos actuales son los exhibidores. El impacto en las salas va a ser tremendo, con pérdidas importantes de puestos de trabajo. Veremos qué dicen los sindicatos. También se verán muy afectados negativamente los distribuidores independientes y solo en último lugar las majors", explica.

Hernández de Carlos rechaza el término "boicot" y asegura que cuando la ley entre en vigor cada major actuará de manera libre. "Llegado el momento, desconozco cual será su planteamiento individual, ya que el doblaje obedece a la política comercial de cada una de las compañías, pero lo que sí intuyo es que van a cumplir la ley pero que habrá una gran dificultad para entrar por el aro".

Según Hernández de Carlos, el hecho de que las majors tomaran la decisión de no estrenar sus películas en Cataluña "no sería una pérdida grave". El mercado español supone el 4,5% de promedio de explotación de una película a nivel mundial y, dentro de ese porcentaje, Cataluña sería el 1%. Queda un año para que exhibidores y distribuidores intenten convencer a los grupos políticos. Si no lo logran recurrirán a los tribunales en España y en Europa.