¿Quién da la cara?

Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la reducción presupuestaria en I+D es un hecho y las perspectivas de subsanarlos se han desvanecido. El intento de conseguir fondos para la investigación del "nuevo Plan E 2010" se ha demostrado de una ingenuidad pasmosa. La ley de Economía Sostenible, que se había postulado como otro sostén de la I+D, aparenta mucho pero hay poco detrás.

El daño causado por este desbarajuste ha sido inmenso y España ha perdido gran parte de su credibilidad como país en el que hacer ciencia. Resulta difícil entender cómo por una cantidad modesta (unos 500 millones de euros) el Gobierno ha renunciado a uno de sus mejores argumentos para la recuperación de la crisis, a pocas semanas de asumir la presidencia de la Unión Europea. Un error que ha generado una reacción de rechazo en el conjunto de la sociedad española y el descrédito en poderosos medios de comunicación, como Nature o The Lancet. Se ha perdido así mucho del camino trabajosamente avanzado en los últimos años y se han desvalorizado en buena medida las inversiones realizadas hasta la fecha. Realmente ha sido un mal negocio, en el que (casi) nadie ha ganado y todos han perdido. Ante esta situación, debemos plantear las siguientes preguntas:

1. ¿Si dejamos de apostar por el conocimiento, en qué fundamentaremos nuestro futuro? Resulta asombroso que el Gobierno pretenda apostar por una "economía sostenible" mientras regatea su apoyo a la I+D. ¿En qué se basará esa nueva fuente de riqueza sostenible, si no es en el conocimiento?

2. ¿Qué ocurrirá con la Ley de la Ciencia, el gran envite del Ministerio de Ciencia e Innovación? Necesitamos un auténtico cambio en la organización de la I+D y la Ley de la Ciencia debe ser su instrumento. El nuevo secretario de Estado ha dicho que se enviará a las Cortes antes de fin de año. Considerando que el último borrador conocido requiere cambios muy profundos, ¿no sería más razonable hacerla bien, aunque sea tarde?

3. ¿Y la Agencia de Evaluación y Financiación de la Investigación, tantas veces anunciada? Se trata de una reclamación de COSCE desde el Proyecto CRECE, de un instrumento indispensable para modernizar el sistema. Ya que no podremos gastar más, al menos que tengamos un instrumento eficaz que nos permita gastar mejor. ¿Está el Gobierno dispuesto a crearla de una vez y facilitar un cierto grado de independencia a la gestión de los recursos dedicados a la investigación?

4. ¿Qué pasará en 2011? El recorte para 2010 representa una dieta de adelgazamiento radical. La mayoría de los centros dependientes del MICINN acabarán anémicos y esqueléticos, habiendo consumido las pocas reservas de que disponen. Si para 2011 no se consigue un incremento real (respecto a 2008, el último año con un presupuesto progresivo, no respecto a 2010) la consecuencia será muerte por inanición. ¿Hay algún plan serio para que no se repita la situación y el sistema público de I+D no se colapse dentro de 12 meses?

5. ¿Quién responde por este sinsentido? La política de I+D es una cuestión de Estado. Por tanto, no es responsabilidad únicamente de la ministra de Ciencia e Innovación, sino del Gobierno en pleno y muy particularmente de su presidente y de la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda. ¿Van a dar la cara o basta con ir destituyendo a los secretarios de Estado?

6. Y finalmente, ¿qué opinan los partidos políticos? Repetidamente han manifestado su convencimiento de que el futuro de España pasa por la I+D. Ahora es el momento de materializar su proclamado apoyo a la investigación con acciones concretas. ¿Cuáles son sus propuestas?

El conjunto de la sociedad española exige respuestas.

Joan J. Guinovart es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).