IV Conferencia de Presidentes

Zapatero pidió a las comunidades que limitaran la oferta de empleo público

El Ejecutivo dejaba a grupos de trabajo el debate sobre déficit o ayudas al paro

El objetivo era lograr un acuerdo para incentivar el empleo y contener el déficit público. Pero lo que quedó claro con la propuesta inicial que planteó ayer el Gobierno a las comunidades es que lo prioritario era el acuerdo, aunque fuera a costa de aguar el contenido. El Ejecutivo optó por reiterar compromisos ya anunciados, encadenar iniciativas ambiguas y encapsular en grupos de trabajos las discusiones más peliagudas. Sólo se permitió dar un toque de atención sobre la oferta de empleo público, que en la Administración central encadena ya dos ejercicios de recortes. Luego, en la propuesta final, asumió casi todas las iniciativas del PP. Pero ni plantear medidas genéricas ni hacer concesiones fue suficiente para subir a los populares al barco.

Más información

En su propuesta, el Gobierno instaba a asumir "una política de contención de gastos de personal, a través de una oferta de empleo público selectiva y de austeridad en el incremento de la masa salarial". Hasta ahora, las comunidades, que concentran la mitad de los empleados públicos, han afrontado este asunto de forma desigual, en contraste con las estrictas medidas del Ejecutivo (sólo reemplazó el 30% de las bajas en 2009, proporción que se reducirá al 15% en 2010). Y, en muchos casos, la congelación salarial (una subida del 0,3%) acordada en el ámbito estatal se sortea con complementos específicos en cada gobierno autonómico.

La promesa de un esfuerzo conjunto para contener el gasto público, común a la propuesta del Gobierno y de las comunidades del PP, contrasta con la realidad: en los presupuestos de 2010, cuatro comunidades superan ya el tope de déficit acordado en octubre y otras cinco están a punto de vulnerarlo (ver gráfico). En la iniciativa que defendió José Luis Rodríguez Zapatero, el debate sobre cómo rebajar el desequilibrio presupuestario o mejorar la eficiencia de los servicios públicos se encomendaba a grupos de trabajo para sortear cualquier polémica.

En el frente laboral, lo más concreto fue la petición del Gobierno a las comunidades para que faciliten la participación de las empresas en la enseñanza de la formación profesional. Y se retomó la inocua fórmula de los grupos de trabajo para discutir cómo reconocer la experiencia profesional, cómo mejorar los Servicios Públicos de Empleo o cómo escalonar el pago de ayudas a parados que hayan agotado el subsidio. Además, Zapatero instó a las comunidades a adaptar cuanto antes sus normas a la directiva europea de servicios. Y abrió a la participación de las comunidades otra comisión, la que discutirá la estrategia industrial hasta 2020.

El PP resucita el contrato de crisis

Si general y escasa en propuestas de calado era la iniciativa del Gobierno, lo mismo o más se puede decir del decálogo que opuso el PP, con la sonora excepción de los dos primeros artículos, que concitaron el desencuentro con referencias bien específicas que hacían imposible el acuerdo: promover "una reforma laboral similar a la acordada en 1997" y "rebajas selectivas de impuestos".

El Gobierno incluyó en su declaración final un párrafo sobre la reforma laboral, pero la alusión del PP fue un obstáculo infranqueable. En 1997 se puso en marcha un contrato de fomento del empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en los que se redujo el coste del despido (33 días por año trabajado, frente a los 45 de otros contratos estables). La iniciativa popular abría la puerta a nuevos contratos con costes de despido más bajos, como propugna la patronal (lo llama contrato de crisis) y rechaza de plano el Gobierno.

La alusión a la subida de impuestos también era casus belli. El Gobierno cree imposible cumplir con las exigencias de Bruselas para reducir el déficit sin una subida moderada de impuestos, que incluirá un recargo en el IVA, en 2010.

Ocho puntos en común y dos desacuerdos sin retorno

- Subida de impuestos frente a rebaja fiscal. El Gobierno modificó buena parte de su propuesta inicial para encajar el decálogo del PP. Dos puntos fueron insalvables. En el primer artículo, los populares consideran que la austeridad en el gasto público debe permitir "rebajas selectivas de impuestos". Es una posición abiertamente opuesta a la política del Gobierno, que ha anunciado una moderada subida de impuestos en 2010.

- El Gobierno mantiene el no a abaratar el despido. Sobre la reforma laboral, el Ejecutivo recoge la necesidad de "fomentar la contratación indefinida y eliminar la dualidad del mercado de trabajo", como plantea el PP. Pero excluye la referencia a "promover una reforma similar a la acordada en 1997", que abriría la puerta a nuevos contratos con coste de despido más bajo.

- Reformas consensuadas. El resto del decálogo del PP sí tuvo cabida en la propuesta del Gobierno, que aceptó referencias genéricas a la reestructuración del sector financiero, la reforma de los organismos reguladores, el diseño de un sistema educativo competitivo, el impulso a la I+D+i, o la liberalización de sectores básicos, que, con otra redacción, estaban en el borrador inicial.

- Agricultura y agua. Además, el Gobierno incluyó en la propuesta final, finalmente, rechazada, varias iniciativas de apoyo a agricultores y ganaderos, además del impulso a un acuerdo nacional para garantizar el suministro de agua.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 15 de diciembre de 2009.

Lo más visto en...

Top 50