El PSOE salva con una fórmula ambigua el aborto de las menores

El Congreso de los Diputados llegó ayer finalmente a un acuerdo sobre los abortos de las menores de 16 y 17 años. La solución ha contentado a casi todos -al PSOE, los partidos de la izquierda y PNV-, pero a costa de resultar algo ambigua. Las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permite que no digan nada sólo si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". ¿Quién decide si la alegación de la chica es "fundada"? Se entiende que el médico que realiza el aborto, pero no está claro hasta dónde y con qué criterios deben y pueden decidir los facultativos, lo que podría provocar problemas de interpretación y distintas aplicaciones de la ley.

La educación sexual queda sin concretar y sin materia propia

La sanidad pública financiará anticonceptivos de última generación

El Gobierno ha matizado así, en aras del consenso, el artículo de su proyecto de ley que equiparaba el aborto con el resto de las prestaciones sanitarias -salvo los ensayos clínicos y la reproducción asistida-, en las cuales a partir de los 16 años el paciente tiene plena autonomía. Carmen Montón, portavoz de Igualdad del PSOE, aseguró ayer que sólo se exigirá que la menor explique verbalmente al médico los problemas que le ocasionaría decir a sus padres que quiere abortar.

El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y sus límites ha sido otra de las grandes modificaciones que se aprobaron ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso por todos los grupos salvo el PP (que votó en contra) y CiU (que se abstuvo por las distintas opiniones que existen dentro del partido). Con esta norma se reconocerá por primera vez en un texto legal el derecho a objetar de los profesionales sanitarios, pero se especifica que deberán ejercerlo de forma individual, por escrito y que sólo podrán hacerlo aquéllos directamente implicados en la intervención -en España ha habido casos en los últimos años de celadores y camilleros objetores que se negaban incluso a trasladar a las mujeres-. En la exposición de motivos se incluirá además un párrafo especificando que el derecho a la objeción "será articulado en un desarrollo futuro de la ley".

En las enmiendas se ha añadido también que los poderes públicos garantizarán "la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo", pero esto, si no se concreta en una materia obligatoria y se definen los contenidos, quedará en nada, puesto que la educación sexual forma ya parte de los contenidos transversales educativos y en la práctica depende de cada centro que se imparta o no. Se ha introducido también un artículo para que las carreras de medicina y ciencias de la salud incluyan investigación y formación en la práctica de abortos.

Otra novedad importante, pero que deberá concretarse a través del Consejo Interterritorial de Salud, es la futura incorporación de los anticonceptivos llamados "de última generación" -más nuevos, más caros y más demandados por las mujeres- a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. ERC e IU/ICV han propuesto que sean gratuitos para las mujeres más vulnerables para ayudar a la prevención de embarazos no deseados, pero no parece que esta petición vaya a prosperar.

El texto y las enmiendas se votarán la semana próxima en el pleno del Congreso y el proyecto pasará después al Senado. Según la nueva redacción, el aborto quedaría regulado de la siguiente forma: 14 semanas de plazo libre; hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada (que tendrá que determinar un único médico, distinto del que practique el aborto) o graves anomalías fetales (en este caso se exige el dictamen de dos doctores); pasada la semana 22, sólo podrá interrumpirse el embarazo por anomalías fetales incompatibles con la vida (diagnosticadas por un médico) o cuando se detecte en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable" y así lo "confirme un comité clínico".