Los obispos no entienden que el aborto "no pueda ser delito"

Los obispos han emitido este viernes su anunciada Declaración ante la crisis moral y económica, pero su portavoz y obispo auxiliar del Cardenal Antonio María Rouco en Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, ha aprovechado la oportunidad para volver sobre la polémica del aborto, con un paso al frente. "No se entiende que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito", ha dicho en conferencia de prensa. Los prelados se habían cuidado hasta ahora de dar la impresión de querer encarcelar a las mujeres que aborten voluntariamente y a quienes cooperen en ese acto.

Martínez Camino ha comparecido ante la prensa junto al obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, para fijar la posición de la jerarquía católica ante las causas y las víctimas de la crisis económica. El documento fue aprobado en la última Asamblea Plenaria del episcopado y su presentación en sociedad intenta preparar los ánimos ante la Jornada de la Familia que el cardenal Rouco ha convocado para el próximo día 27. El líder del episcopado quiere que este año esa manifestación sea aún más masiva que en cursos anteriores. Entre las novedades, una muy relevante: la presencia ese día en las calles de Madrid de numerosos cardenales de otros países, incluido alguno de la Curia (Gobierno) del Vaticano.

El poderoso círculo del cardenal de Madrid cree que la brutal crisis económica y las dificultades por las que está atravesando el Gobierno socialista son un aliciente para reunir ahora a cientos de miles de fieles. Aunque en este documento se afirma que la crisis está causada por "la pérdida de valores morales", es decir, por "la falta de honradez, la codicia -raíz de todos los males- y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada", el principal responsable para los obispos es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que el Vaticano considera un símbolo europeo de los desastres que se ciernes sobre la religión católica.

"El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común", afirman los prelados. Como remedio, apuntan a "un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder".

También enumeran a las víctimas principales de la situación: las familias, sobre todo las numerosas, los jóvenes, los desempleados, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos y los inmigrantes. También sostienen los prelados que las "políticas antinatalistas" del Gobierno tendrán repercusiones económicas en las futuras generaciones.

La Declaración episcopal -dividida en cuatro apartados (Causas y víctimas de la crisis, No hay verdadero desarrollo sin Dios, Estamos llamados a tomar decisiones y a aliviar la miseria y Nuestro compromiso permanente como Iglesia)- advierte en apenas veinte páginas de que la crisis económica debe ser una ocasión de "discernimiento y de actuación esperanzada" para cada ser humano, para los responsables públicos y para las instituciones que pueden contribuir a una salida de ella.

"Es urgente un discernimiento sobre las decisiones de gasto tanto de los poderes públicos como de las familias y de cada uno en particular", añade el episcopado, antes de execrar con severidad de dos de las leyes del Gobierno socialista: la recién aprobada Ley de Extranjería y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en trámite parlamentario. En su opinión, la primera norma "restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad de los inmigrantes como personas.