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De la Vega y Chacón en el Congreso / GORKA LEJARCEGI
Si el PP hubiera gestionado una crisis como la del Alakrana no hubiera permitido el pago del rescate, no hubiera traído a España a los piratas detenidos y hubiera utilizado el recurso de la fuerza. Al menos, esas son las conclusiones de la intervención de ayer de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
Algo más recuperados, los ocho tripulantes gallegos del Alakrana prestaron ayer declaración en los juzgados de Vigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Fueron dos horas de recuerdos de 47 días de calvario en el océano Índico. Posteriormente, ante los medios de comunicación, el patrón del atunero, Ricardo Blach, desveló el contenido de la conversación.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, cree que el proceso estatutario ha dañado las relaciones de Cataluña con el Gobierno central. "No es buen momento", dijo; "supongo que es más problema Rajoy que yo", se lamentó en Catalunya Ràdio.
Un total de 12 periódicos editados en Cataluña salen hoy a los quioscos con un editorial común en defensa del Estatuto catalán, recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. El editorial, titulado La dignidad de Cataluña, pide al tribunal que no rebaje el Estatuto, aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes y por los propios catalanes, que lo hicieron en referéndum.
"Jamás debía haber ocurrido y espero que jamás vuelva a ocurrir", dijo ayer Leire Pajín, nada más ser elegida senadora, en referencia al bloqueo de seis meses que ha sufrido su elección por parte del PP. El pleno de las Cortes Valencianas la designó senadora territorial con los 38 votos del Grupo Socialista y 56 en blanco del PP y de los diputados de izquierdas de Compromís pel País Valencià y Esquerra Unida.
Los 25 fiscales especiales antidroga que actúan en España bajo las directrices de la Fiscalía de la Audiencia Nacional avalan el Sistema Integral de Interceptación Telefónica (Sitel). Lo consideran "un arma imprescindible" para la lucha contra las mafias del crimen organizado que operan en el narcotráfico y el blanqueo de dinero.
El fiscal, las acusaciones y su defensa habían terminado los alegatos finales. Llegó el turno de última palabra. Y Santiago Mainar, el presunto asesino del alcalde de Fago, Miguel Grima, aprovechó esa oportunidad para lanzar un discurso de cuatro minutos en el que negó que hubiera acabado con la vida del alcalde pero justificó el crimen y denunció una confabulación contra los vecinos del pueblo.
La trama del compló criminal contra Alejandro Ponsoda, anterior alcalde popular de Polop (localidad alicantina de 4.100 habitantes), asesinado en 2007, incluye a un octavo implicado, otro concejal, según aseguran fuentes de la investigación. Testigos protegidos han declarado que el nombre del edil investigado salió a colación en las reuniones para planear el asesinato.
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