El PP reclama el uso de la fuerza contra los piratas

Si el PP hubiera gestionado una crisis como la del Alakrana no hubiera permitido el pago del rescate, no hubiera traído a España a los piratas detenidos y hubiera utilizado el recurso de la fuerza. Al menos, esas son las conclusiones de la intervención de ayer de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP endureció su discurso y, por primera vez, aseguró en el Congreso que es ilegal pagar rescates y reprochó al Gobierno que no utilizara la fuerza militar para solucionar el secuestro. Lo hizo en el Pleno en el que el Ejecutivo defendió, frente a todos los grupos parlamentarios, su gestión en la crisis del Alakrana. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, aseguró que se ajustó a la ley, que se hizo todo lo posible por liberar a los pescadores y anunció que hará en breve un protocolo de actuación para estos casos. Hasta ahí llegó su autocrítica. No dio ni un dato nuevo. Ni siquiera mencionó la posibilidad de que se pagara rescate, ni hizo referencia alguna a la negociación con los piratas, "por responsabilidad, por preservar la seguridad y por proteger la cooperación" con los servicios secretos de los países que han colaborado con España. Y se encontró con el reproche unánime, aunque con distintos tonos, de todos los portavoces. Desde la crítica extrema del PP, a los matices de ERC e IU.

Todos critican la descoordinación y el PP rechaza el pago de rescate por ilegal

El presidente de la Audiencia lamenta la nota que firmó contra el Gobierno

Los diputados del PSOE, conscientes de la difícil situación de la vicepresidenta, se volcaron para arroparla, aplaudiendo en pie. Los del PP respondieron con idéntica ovación para reforzar a su portavoz. El discurso más extremo fue el de Saénz de Santamaría, que por primera vez criticó abiertamente el pago de rescate y habló reiteradamente del uso de la fuerza. "Olvidan que a veces hay que usar desgraciadamente la fuerza para defender el derecho", aseguró, además de afirmar que "las leyes prohíben pagar rescates por razones de sentido común, ya que se alienta que haya más secuestros".

La portavoz popular pidió datos con el argumento de que "los piratas saben si se ha pagado rescate o no" y atribuyó la situación a los "mensajes equivocados que ha dado el Gobierno" y que "incrementan el peligro". Habló del "lastre que se arrastra desde el secuestro del Playa de Bakio en 2008", cuando se aceptó como única solución "la cesión a las exigencias de los piratas" y pidió un mensaje de firmeza. "Ninguna concesión a los piratas apresados. España no puede permitirse más debilidades". "La legalidad de la gestión del secuestro y pagar un rescate son conceptos irreconciliables", añadió.

Para Sáenz de Santamaría, los socialistas tienen "prejuicios y por eso rechazan el uso legal, proporcionado y reglado a la fuerza". El diputado Arsenio Fernández de Mesa criticó al Gobierno y al Ejército por no haber sido capaces de detener o acertar en los disparos a los piratas.

Frente a este discurso, la vicepresidenta invocó la ley, recordó que España es un "Estado garantista" y reiteró que se dejó de perseguir a los piratas tras el pago de rescate para no causar daños colaterales. Fernández de la Vega dijo estar "razonablemente satisfecha" por haber logrado la libertad de los pescadores y utilizó reiteradamente el argumento de lo que han hecho otros países.

Hubo críticas también por la detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional de dos piratas. La vicepresidenta asumió la responsabilidad de la denuncia a la Audiencia a través de la Abogacía del Estado, pero dijo que "no era una opción, sino una obligación legal". Sin embargo, todos los grupos criticaron esa gestión. Josu Erkoreka (PNV) y Sáenz de Santamaría coincidieron en cuestionar que no se aplicara el canje de notas entre España y Kenia que permite la entrega de piratas detenidos a ese país africano. Gaspar Llamazares aportó otro argumento: la teoría del mal mayor que permite que no se detenga a un atracador que sale de una joyería para detener a toda la banda.

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, aseguró ayer en la cadena SER que se arrepiente de haber emitido la nota en la que culpaba al Gobierno de haber forzado la competencia del tribunal.

PP y PNV utilizaron también como argumento el de la prevención, es decir, la veintena de mociones rechazadas por el Gobierno en el Pleno en los últimos años para incrementar la seguridad de los atuneros. Especialmente la que se rechazó 10 días antes del secuestro del Alakrana para que fueran militares en los pesqueros. La vicepresidenta reiteró que la ley de Defensa lo impide; que sólo Francia lo hace; que el Gobierno ha logrado que la ONU apruebe dos resoluciones contra la piratería; que ha liderado la Operación Atalanta y que con la seguridad privada se ha reducido a la mitad el riesgo de secuestro.

Hubo coincidencia en todos al hablar de descoordinación del Gobierno, con críticas casi generales al viaje de la vicepresidenta a Argentina en plena crisis. Ella aseguró que todas las decisiones se tomaron por unanimidad, pero hasta ayer mostró matices con la versión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, sobre el falso traslado de tres pescadores a tierra.