Las comunidades se han limitado a repartirse el dinero ofrecido por el Estado

La Ley de Dependencia presenta como novedad en su gestión que son las comunidades las que deben llegar a acuerdos para ir implantando la ley de forma común. Lo hacen mediante reuniones en el consejo territorial, donde están representadas todas ellas, y personal del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero en este tiempo, el consejo territorial apenas ha llegado a acuerdos, y siempre con retraso. El informe encargado por el Gobierno critica que el consejo prácticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo.

Por eso, prosiguen las conclusiones, "está aún lejos de ser el elemento de gobierno innovador que pretende establecer la ley". Aunque remarca que el papel que juega la Administración central en ese consejo territorial, como impulsor de acuerdos, también es mejorable.

Uno de los ejemplos que ilustra la inoperancia de dicho consejo es el sistema de información de la ley. Dos años después de puesta en marcha, no se ha llegado a pacto alguno sobre los datos que las comunidades deben enviar al Gobierno, y eso impide saber cómo actúa cada una al gestionar la Dependencia y el coste total del sistema. Es "urgente", dice el informe, que se adopte un acuerdo sobre eso.

Disparidad de sistemas

Pero es difícil, porque, para empezar, la mitad de las comunidades usan sistemas informáticos propios, distintos del que es común al resto de ellas, y eso "impide disponer de datos completos y fiables sobre aspectos básicos". Todavía hay autonomías, las que no están enganchadas al ordenador central, que hacen "volcados masivos" de datos "en fechas puntuales, que suelen coincidir con los finales de mes", cuando el Gobierno paga por cada dependiente registrado en el sistema.

El informe también propone una reforma del Imserso, que es el organismo del Gobierno encargado de los servicios sociales, desde donde el Ministerio de Sanidad y Política Social gestiona, además, la Ley de Dependencia. Los expertos piden que se reforme este órgano, precisamente para que sus competencias se alineen con la nueva ley y para dotarlo de "servicios especializados" que puedan dar apoyo al consejo territorial.

El estudio plantea la necesidad de que el consejo territorial se convierta en un verdadero órgano de coordinación entre las administraciones públicas "que promueva la fijación de objetivos comunes, el control entre pares y el intercambio de buenas prácticas".