Un informe oficial insta al Gobierno a denunciar a las autonomías por la Dependencia

El Gobierno conocía las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la vía del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administración central "debería ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades autónomas" de la ley.

El informe de la Agencia de Evaluación y Calidad, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que ni siquiera "hay constancia de que se hayan entablado discusiones de carácter bilateral" con las comunidades para que realicen "los ajustes normativos correspondientes".

Conceder ayudas económicas es más rentable para las Administraciones

Se ha incluido entre los beneficiarios a ciudadanos que no lo habían solicitado

Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gestión de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicación y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos después de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que también lo ha hecho. Es política prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Política Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.

El Estado es el garante de la igualdad de todos los españoles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por sí extensos, que debían pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. Así lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonomías y una diputación foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo único para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo habían solicitado. El Imserso sólo envió cartas a estas comunidades.

La realización de este informe por parte de la Agencia de Evaluación (que ahora depende de la vicepresidencia) fue aprobado por Consejo de Ministros, siendo la voluntad del Gobierno la total "transparencia". Sin embargo, seis meses después de concluido, aún no se ha hecho público.

Algunas de las críticas que en él se recogen se han ido corrigiendo en ese tiempo. Por ejemplo, ya no se puede inscribir a personas dependientes, aunque estén atendidas en geriátricos, si no lo han solicitado ellas mismas o sus familiares.

Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que están haciendo al sistema y sobre cómo se está utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos vías de financiación del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuantía fija por cada persona en función de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden más ayudas, que le salen "financieramente más favorables" que una plaza en un geriátrico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales.

Además, si son grandes dependientes, la comunidad recibirá más dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en función de la población potencialmente dependiente, no del número de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor número de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido más las que peor hacían los deberes. Eso se ha corregido recientemente en parte, porque ahora el 20% de estos fondos se reparten en función de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación. Pero hay comunidades con muchas personas dictaminadas, pero pocas atendidas.