Sólo el PSOE respalda la decisión de Zapatero

"Será una decisión que será criticada desde un lado y de otro", anunció a primera hora José Luis Rodríguez Zapatero en Radio Nacional. Y el presidente del Gobierno acertó: ningún partido con representación parlamentaria apoyó su decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y todos la criticaron. Sólo el PSOE le respaldó.

Desde la izquierda porque defendían el cierre inmediato de la central y desde la derecha porque consideraban que debía mantenerse en funcionamiento 10 años, como avaló el Consejo de Seguridad Nuclear. Gaspar Llamazares y Joan Herrera, diputados de IU y de ICV, arremetieron contra Zapatero y advirtieron con consecuencias en las relaciones con el PSOE en el Parlamento. Y el PP dejó claro que hará de este asunto una bandera política preferente para los próximos años.

Los populares enviaron ayer una representación de su dirección a la manifestación en contra del cierre de Garoña ante el Ministerio de Industria, encabezada por la responsable de Organización, Ana Mato. Y Mariano Rajoy anunció que, como el cierre decidido por Zapatero no se producirá hasta 2013, el PP llevará en su programa electoral la prolongación de ese plazo.

Es decir, que si el PP gana las elecciones generales de 2012 Garoña no se cerrará en 2013. Por eso, el diputado de IU Gaspar Llamazares aseguró en el Congreso que lo que "ha decidido" Zapatero "es no decidir", porque adoptan una iniciativa que tomará otro Gobierno, en otra legislatura. Según dijo, es una decisión "salomónica" que incumple el compromiso de Zapatero de cerrar la central nuclear de Garoña al final de su vida útil, en 2011, porque va a permitir que siga funcionando dos años más. Joan Herrera acusó al Gobierno de ceder a "las presiones de las empresas eléctricas".

Rajoy aseguró que es una "decisión disparatada" por parte del Gobierno y "producto del capricho de Zapatero". El líder del PP dijo que el cierre de Garoña supondría el desempleo para muchas personas, subidas en el precio de la energía eléctrica y aumentaría también la dependencia energética de España.

En defensa del Gobierno acudió el PSOE, a través del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Hugo Morán. El primero destacó que el Gobierno cuenta con un plan para cuando se cierre la central nuclear de Santa María de Garoña para "mantener el empleo y la calidad de vida de la zona". Morán aseguró que el cierre de Garoña en 2013 "ejemplifica con claridad el cierre al pasado y una apertura al futuro".

Para el dirigente socialista, el Gobierno toma una decisión "clave", que implica "diseñar" lo que el presidente del Gobierno anunció en el pasado debate sobre el estado de la nación: "Un nuevo modelo económico sostenible con un nuevo modelo energético basado en fuentes renovables, en energías limpias".

El PNV, que ha batallado en el Congreso desde hace años para el cierre inmediato de Garoña, arremetió también contra Zapatero por prolongar la actividad de la central. Los nacionalistas vascos quieren abrir el debate sobre la energía nuclear al margen de Garoña. Y CiU, que quiere prolongar su actividad, también hizo público su disgusto porque se establezca 2013 como fecha límite. El diputado Josep Sánchez Llibre lamentó que "hayan primado los intereses particulares y electorales del PSOE frente al interés general".

El mismo disgusto contra Zapatero lo manifestaron, por distintos motivos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y, sobre todo, los grupos ecologistas. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores coincidieron en asegurar que no entienden la decisión, a medio camino entre el cierre inmediato y la prolongación de su actividad en los términos aconsejados por el CSN. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reiteró que la central debe seguir funcionando diez años más, como recomendó el CSN.

Las organizaciones ecologistas, como Greenpeace o Ecologistas en Acción, arremetieron unánimemente contra Zapatero, al que tildaron de "incoherente" por "incumplir así su compromiso electoral". Pidieron su dimisión y anunciaron que recurrirán a los tribunales. El Gobierno de Castilla y León, del PP, se sumó a las críticas contra el Gobierno y confió en un cambio tras las elecciones generales de 2012.