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Resaca fiscal

La rebaja del déficit choca con el coste de la crisis y la dificultad política para subir impuestos

La Comisión Europea acaba de ratificar que las autoridades económicas españolas han impulsado el mayor plan de estímulo fiscal de la zona euro y recomienda que, para evitar un deterioro grave de las finanzas públicas, evidente ya en la previsión de déficit para este año de casi el 8% del PIB y de aproximadamente el 10% en 2010, se adopten medidas para frenar el crecimiento del gasto público y reducir el endeudamiento futuro. El análisis más tajante es la crítica abierta de Bruselas a las medidas de recorte fiscal aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en concreto a la reducción de 400 euros en las retenciones de todos los contribuyentes. La Comisión establece una clara diferencia entre los programas de estímulo mediante la inversión pública, que considera beneficiosos, y los recortes fiscales, costosos y poco útiles. El impulso del gasto sin límite para mitigar la recesión se ha detenido y retorna a las instituciones europeas la exigencia de disciplina y estabilidad en las cuentas públicas.

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La opinión de Bruselas coincide, y no por casualidad, con el viraje fiscal iniciado por el Gobierno a raíz de la subida de los impuestos del tabaco y de los combustibles, a todas luces insuficiente para tapar el boquete que está causando la recesión a través del crecimiento de los gastos sociales. La combinación de políticas de estímulo de la demanda con las rebajas de impuestos o las ayudas directas -2.500 euros por hijo- no ha resultado eficaz. Si bien el plan de inversiones municipalizadas cumple razonablemente su función de crear empleo mientras se recupera la actividad, los recortes de las retenciones y el apoyo a la natalidad no han funcionado como incentivo del consumo.

El diagnóstico de Bruselas es acertado. La solución más correcta es eliminar la rebaja de las retenciones. Su eliminación daría un respiro a las cuentas públicas. Es de manual que las rebajas fiscales implantadas con carácter excepcional deben tener una fecha de caducidad; la Comisión la reclama en el caso de España: teme que se prolongue más allá de la crisis como una prebenda más. El Gobierno haría bien en fijar ese límite temporal.

La consolidación fiscal que pide la Comisión reclama sobre todo una reducción del gasto público. La opción inmediata es suprimir paulatinamente los gastos excepcionales pensados como terapias de choque, y en especial aquellos que desde el primer momento se sabía que eran un dislate. La opción de subir los impuestos no es descartable; pero el sainete de ayer a tres bandas entre el PSOE, IU y Convergència para gravar las rentas más altas y hacer algo tan simple como que los futbolistas de élite paguen en igual proporción que el resto de los ciudadanos demuestra que el partido del Gobierno carece de la mayoría necesaria, pero también de la determinación y claridad de ideas necesarias para convencer a sus posibles socios. En cuanto a la reforma de las pensiones que sugiere Bruselas, tiene otro marco de debate y otro calendario de aplicación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 24 de junio de 2009.

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