El PP considera "exagerado" embargar las cuentas bancarias del grupo Afer

El PP considera "exagerado" que la Hacienda vizcaína haya reclamado el embargo de una decena de cuentas bancarias del grupo constructor Afer. Su portavoz en las Juntas de Vizcaya, Carlos Olazábal, reconoció ayer a este diario que adoptar tal medida sin esperar a la decisión sobre el aplazamiento de la deuda tributaria de 43 millones que ha planteado Afer tiene cobertura legal. Sin embargo, "no es habitual y menos cuando se trata de una empresa conocida y que está trabajando para la Diputación en dos tramos de la Supersur", la autovía en obras que es la inversión viaria más cara de la historia de Vizcaya, con 1.300 millones. La retención de fondos se decretó tres días después de exigir más documentación a Afer.

Vizcaya ha aplazado deudas por tres millones a otras firmas de Afer

La normativa tributaria fija que la petición de aplazamiento del pago de una deuda por una empresa suspende el periodo ejecutivo de cobro. Pero el apartado de medidas cautelares permite el embargo cuando "existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado". La Hacienda vizcaína ha entendido que se produce esta situación al señalar, en su decreto de embargo, que ha habido trasvase de bienes entre empresas del grupo.

La deuda de 43 millones proviene del impago del IVA de una operación urbanistica en Barakaldo: una filial de Afer, Iurbernor, vendió por falta de liquidez los terrenos a los bancos que tenían la hipoteca. Ese dinero se empleó para solventar los problemas económicos del grupo. Olazábal opinó que el embargo "busca fastidiar" a la constructora ante el grave enfrentamiento que mantiene con la Diputación, que ha supuesto el anuncio de rescisión de las únicas cuatro obras en exclusiva que tenía con Afer. El grupo ha acusado a la institución foral de un delito de falsedad documental.

El PSE no quiso comentar ayer la medida hasta tener más información, aunque su portavoz juntero, Iñaki Egaña, opinó que "no parece razonable" aplicar el embargo hasta que haya una decisión sobre el aplazamiento.

El asunto se halla en manos del Tribunal Superior vasco, instancia a la que ha recurrido Afer, que ha dado un plazo de 10 días a la Diputación para que explique el bloqueo bancario. Lo previsible es que la Hacienda informe de que no hay garantías suficientes para el aplazamiento -la constructora ha aportado los convenios sobre la fábrica de pisos de Alonsotegi-, mientras que Afer defienda que las medidas cautelares deben suspenderse. Entonces, el asunto iría a la llamada comprobación pericial contradictoria (verificar qué parte tiene razón), que supondría una larga demora en el pleito.

Otras empresas de Afer sí han logrado aplazamientos de deudas tributarias por casi tres millones de euros. En cambio, la Hacienda estatal ha denegado estas peticiones a tres firmas del grupo, aunque un portavoz de Afer aseguró ayer que este asunto sigue en trámite.

El Ministerio de Economía acordó ayer aportar 5,1 millones de euros para la fábrica de pisos proyectada por Afer en Magallón (Zaragoza). Tras dar por frustrado el proyecto de Alonsotegi, la empresa quiere volcarse en Magallón, donde posee el suelo, pero la iniciativa no ha arrancado. El ministerio precisó que se crearán 298 empleos para una inversión de 46,9 millones. La planta de Alonsotegi preveía 1.100 trabajos y 70 millones de inversión.