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El PP expidió ayer el certificado de defunción de la comisión parlamentaria recién nacida que debía investigar la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. No lo firmó, porque se niega a decir abiertamente que la comisión se ha terminado, pero el certificado está escrito gracias a este último gesto.
Las pruebas del espionaje contra altos cargos del PP por agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Aguirre tienen como mayor exponente documental los 33 partes originales de seguimiento elaborados supuestamente por algunos asesores del responsable de dicho departamento, Francisco Granados, y aportados hace más de un mes al fiscal jefe Manuel Moix.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad investigar la estancia en Nueva York del juez Baltasar Garzón, durante la que cobró 200.000 dólares por su actividad docente, además de su sueldo.
El Gobierno empezó a comprobar ayer el calvario que puede pasar en lo que queda de legislatura y la situación de debilidad en la que ha quedado tras las elecciones gallegas y vascas. En la jornada en el Congreso se vivió a pequeña escala lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses: el PNV advirtió al PSOE que quizá no pueda aguantar toda la legislatura.
Se esfumó en febrero. Beñat Aguinagalde Garmendia, de 24 años, el pistolero etarra que supuestamente asesinó al ex concejal socialista Isaías Carrasco el 8 de marzo de 2008 en Mondragón, y al empresario guipuzcoano Inaxio Uria el pasado 3 de diciembre en Azpeitia, según la identificación realizada por la policía vasca, logró huir.
El juez norirlandés Tom Burgess abría ayer las puertas a la extradición del ex preso etarra Iñaki de Juana Chaos, al dictaminar que el delito de enaltecimiento de terrorismo por el que le reclama España tiene su equivalente en la legislación británica.
Jamal Zougam tiene 35 años de cárcel por delante y 192 muertos a sus espaldas. El viernes hará cinco años que cayó preso, acusado de haber colocado algunas de las 13 mochilas bomba del atentado del 11 de marzo de 2004. Vive aislado y solo en su celda del penal de Alicante, pero vive.
Jamal Ahmidan, El Chino, presunto jefe del comando terrorista del 11-M, anunció a su madre a través del móvil: "Dentro de nueve minutos me iré con Dios". Al otro lado del Estrecho, en Tetuán, la anciana sollozaba desconsoladamente.
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