Aguirre echa el cerrojo a la investigación

El PP expidió ayer el certificado de defunción de la comisión parlamentaria recién nacida que debía investigar la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. No lo firmó, porque se niega a decir abiertamente que la comisión se ha terminado, pero el certificado está escrito gracias a este último gesto: los populares habilitaron el pleno del día 18 en el Parlamento madrileño para que éste pueda aprobar el dictamen de conclusiones de la comisión -que echó a andar hace apenas una semana- si para esa fecha está redactado.

Aunque, en teoría, las sesiones se iban a extender hasta el 31 de marzo -el PP se había comprometido a ello en pro de la "transparencia"-, los populares han determinado que todo el caso es "una falsedad" y que no hace falta seguir investigando. Las víctimas del supuesto espionaje -políticos del PP críticos con Esperanza Aguirre- ni siquiera han sido escuchadas antes de que sus colegas de partido dictaran sentencia.

Los socialistas no descartan pedir amparo al Tribunal Constitucional

Después de ensayarlo durante días, el cerrojazo terminó de escenificarse ayer, en la reunión semanal de la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid: ante la estupefacción de los diputados de PSOE e IU, la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez (PP), propuso habilitar un hueco en el orden del día del pleno del 18 de marzo para aprobar el dictamen final de la comisión de investigación. Los populares, que tienen mayoría absoluta, respaldaron encantados la propuesta.

El dictamen se aprobará ese día sólo si para ese entonces está redactado, pero el hecho es que no hay más comparecencias previstas -el PP se niega desde el viernes a llamar a más gente- y los populares llevan 48 horas repitiendo que "la comisión ha perdido su objeto". Así que todo apunta a que la comparecencia, hoy, del consejero de Interior, Francisco Granados, será la última.

"Ésta es la mejor prueba de que el espionaje ha existido: el miedo que tiene el PP a mantener viva la comisión. Nos pusieron mil trabas: vetaron comparecencias, vetaron documentación, todo para hacer que abandonáramos... Y al final quienes se han levantado de la comisión han sido ellos", subrayó la portavoz socialista, Maru Menéndez, que no descarta pedir amparo al Tribunal Constitucional. Además, el PSOE va a dejar de acudir a los actos institucionales organizados por la Comunidad de Madrid, empezando por el de hoy en recuerdo del 11-M (aunque los socialistas sí participarán en otros homenajes a las víctimas de aquel atentado).

Medidas similares estudia Inés Sabanés, portavoz de IU, que clamó contra el "engaño" del PP y el "cierre violento" de la investigación: "O recomponemos la normalidad o la crisis institucional está servida; esto es una agresión en toda regla. Desde luego, conmigo a partir de ahora que no cuenten".

Los populares afirman que el caso del espionaje es "una farsa" y "una gran falsedad" porque el diario El Mundo publicó el pasado domingo que tres de los 33 partes de seguimiento -que obran en poder de la fiscalía- son "falsos". "La acusación ya no se sostiene. Ha quedado demostrado que los hechos que dieron lugar a la comisión no son ciertos", repitió el portavoz del PP, David Pérez. Eludió confirmar que ya no habrá más sesiones, pero sí se permitió lanzar un aviso a la dirección nacional del PP por si se le ocurre reabrir la investigación interna sobre el caso: "Nadie se plantearía una investigación porque la investigación se ha producido ya en esta Asamblea y se ha puesto de manifiesto que no había base alguna para las acusaciones", opinó.

Preguntado por las razones que llevan a su partido a no querer escuchar a "los espiados" -el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada, ambos del PP, que han denunciado ante un juez los seguimientos-, David Pérez respondió convirtiendo en invisibles a sus compañeros de partido: "No existen espiados, porque nunca ha existido espionaje".