Granados acusa a Prada de mentir al decir que los partes coincidían con su agenda

Cargado de documentos para intentar acreditar su ausencia de responsabilidad en la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha comparecido en la última sesión con la que se cierra la comisión de investigación en la Asamblea, que se ha convertido en la más bronca de todas las celebradas desde el viernes. Granados ha acusado directamente a uno de los espiados, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, de faltar a la verdad cuando aseguró al diario EL PAÍS que su agenda es la misma que la reflejada en los partes de seguimiento. "Cuando alguien dice que su agenda coincide con los partes ha mentido y lo podrá acreditar y el que ha recibido esa información y la ha publicado podrá decir si se lo han dicho o no", ha afirmado el consejero, para quien estos informes no se corresponden "ni con la agenda pública ni con la privada, ni desde el punto de vista documental, ni del sentido común". Al término de la sesión, el PP ha impuesto el cierre definitivo de la comisión que terminará con la presentación de los dictámenes el próximo lunes y de las conclusiones el miércoles 18.

Granados ha acusado a PSOE e IU de cometer "una ilegalidad" si obran en su poder los 33 partes que demuestran las labores de contravigilancia del equipo de espías. "Me acusan de no pedir papeles a la Fiscalía; si ustedes los tienen, nosotros no; sería importante que lo aclararan porque es ilegal", ha afirmado. En la misma línea de los responsables de Seguridad que han comparecido en las jornadas anteriores, Granados ha cuestionado la veracidad de los partes: "Esos papeles en muchos casos son erróneos, cuando no falsos". Sin embargo, en su segundo turno ha puntualizado que lo que ha dicho es que los partes "no se corresponden" con la identidad de las personas supuestamente espiadas.

15 documentos para viajar al pasado

Con una batería de papeles y carpetas, Granados ha pretendido demostrar que la creación de los servicios de seguridad procede de épocas anteriores a la del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. "Se ha dicho que nosotros habíamos construido una estructura parapolicial dedicada a hacer seguimientos, que nunca jamás eso se había hecho en Madrid; yo acredito con documentos, que ni nosotros hemos creado esa estructura, porque la creó el señor Leguina, ni hemos impulsado su configuración actual, que lo hizo el señor Gallardón, ni hemos hecho funciones que no se hayan hecho con los gobiernos de Leguina y del señor Gallardón". "Yo no miento nunca y aquí tienen 15 documentos", ha afirmado Granados tras exponer las supuestas pruebas, entre las que se encontraban facturas de compras de pistolas y cámaras fotográficas de la etapa de Leguina, el Convenio Colectivo de 1988 sobre personal laboral que incluye una referencia a las "labores de vigilancia de personas", o una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2005 que indica que ya entonces se realizaban labores de escolta.

"Yo no vengo aquí a dar una sola opinión, pero ustedes han dado muchas sin acreditar, han mentido y han insidiado mucho", ha dicho refiriéndose a los grupos de la oposición. El consejero ha proseguido con su ofensiva: "Ustedes han amedrentado y se han mofado de algunos comparecientes; creen que les ha tocado la lotería, que los 7.000 parados diarios el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pueden esconder detrás de una moto, aunque sea roja", ha insistido para referirse a la información publicada por EL PAÍS que demostraba la compra del Área de Seguridad de potentes vehículos y cámaras.

Bronca entre portavoces

PSOE e IU han reprochado a Granados que su actitud "no ha sido la de un compareciente" y que únicamente ha acudido a la Asamblea a acusar a la oposición. La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha calificado a Granados de "mentiroso compulsivo". Previamente ha comenzado su intervención acusando duramente al PP por dar cerrojazo a la investigación. "Podrán cerrarla, pero no nos van a callar", según Menéndez, que ha señalado a Granados como el encargado de organizar la red de espías destinando recursos públicos. "Hoy esta comparecencia no la estamos celebrando en régimen de normalidad porque debería haber cuatro comparecientes", ha indicado la portavoz de IU, Inés Sabanés, quien ha dado por demostrado que en la Consejería de Granados funcionaban tres estructuras de seguridad.

La bronca entre los portavoces parlamentarios ha continuado con la intervención del popular David Pérez, que ha iniciado su turno acusando a los socialistas de no acudir a los actos de homenaje a las víctimas del 11-M en protesta por el cierre a la investigación."El PSOE ha cometido un error al boicotear el acto oficial", ha afirmado. "Hace falta mucha desfachatez para seguir manteniendo lo que ustedes mantienen", ha proseguido Pérez, que ha negado la veracidad de los partes de seguimiento y el resto de pruebas aportadas por los grupos. "En el momento en que estos señores -Prada y el vicealcalde Manuel Cobo- han visto que los partes son falsos, ya saben que no han podido ser espiados; saben que el caso ya no existe, que las motivaciones se han desplomado y que era un montaje que ha puesto en cuestión un gobierno".

Granados también ha arremetido contra el PSOE por no haber acudido al homenaje a las víctimas del 11-M. "No han fallado a un acto de Esperanza Aguirre, sino a un acto de seis millones y medio de madrileños". Menéndez ha explicado que la decisión de no acudir a los actos de homenaje a las víctimas del 11-M se debe a que no van a hacer "de comparsa" de la presidenta Aguirre.

Sólo un tercio de los comparecientes

Sin llegar hasta el momento a ninguna conclusión y con la sola presencia de 11 de 30 de los comparecientes la comisión se cierra tras un inicio que fue dilatado por el PP al retrasar la lista de comparecientes, y posteriormente vetar la presencia de documentos y personas claves, incluidas las propias víctimas del espionaje. Entre quienes han pasado por la Asamblea destacan Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Ambos negaron haber participado en el seguimiento a cargos públicos. Los primeros en someterse a las preguntas fueron el ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, ahora concejal. Estas comparecencias fueron calificadas de "despropósito" por Calvo, que acusó a su propio partido de intentar desviar la atención, lo que refrendó el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció ayer en conversación informal que no le disgustaba el cierre de la comisión aunque después precisó sus palabras y puntualizó que esperarán a las conclusiones para emitir valoraciones. Sin embargo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se inclina por no reabrir la investigación interna que quedó aparcada cuando comenzaron los trabajos en la Asamblea.

Granados asegura que los partes son "falsos o erróneos"