El PP sale en defensa del bufete de Michavila, que asesora a ayuntamientos populares

Los representantes del PP en la Mesa del Congreso protestaron ayer vivamente por el expediente abierto por el secretario de la Cámara a dos letrados de las Cortes que comparten despacho con el diputado José María Michavila.

Jorge Fernández, Celia Villalobos, Ignacio Gil-Lázaro y, en mucha menor medida, Ana Pastor, provocaron una tormentosa discusión en la reunión a puerta cerrada del máximo órgano de gobierno de la Cámara. Lo hicieron para mostrar su disconformidad con el anuncio que se hizo la semana pasada sobre la apertura de la investigación a los letrados como decisión de la Mesa.

A pesar de que consta en el acta de la anterior Mesa, los representantes del PP aseguraron ayer que se trata de una potestad del secretario mayor, Manuel Alba, y que no tiene que ser presentada como acuerdo de la Cámara. En la discusión llegaron a hablar de "persecución contra Michavila". El despacho en el que trabaja este diputado por Valencia ha contratado reiteradamente con ayuntamientos relacionados con la trama corrupta que investiga Garzón. El diputado tiene concedida la compatibilidad para ejercer el derecho, pero con la limitación de no contratar con Administraciones públicas. Su nombre no aparece en ninguno de esos litigios, pero sí el del despacho, Eius, y el de dos de sus socios, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, que, además, son letrados de las Cortes. Los funcionarios de ese cuerpo tienen prohibido también contratar con las Administraciones públicas. Por eso, después de que este periódico publicara que los letrados han defendido a distintos ayuntamientos, el secretario de la Cámara pidió autorización a la Mesa para abrirles expediente informativo. Los dos letrados han recibido ya un cuestionario que deben responder esta semana para que detallen sus actividades.

La tormentosa discusión terminó con la decisión de hacer pública una nota de prensa que reitera que "el secretario general, en el ejercicio de sus competencias, ha iniciado diligencias informativas para determinar el cumplimiento de las previsiones estatutarias en esta materia".