Un nutrido fondo de armario

Las revelaciones del sumario 275/2008 V incoado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de dinero, que implica a cargos electos de la Administración autonómica y/o municipal de Madrid y Valencia bajo control popular y a la tesorería del PP, dieron lugar a enérgicos desmentidos del líder nacional del partido y de los presidentes regionales de ambas comunidades autónomas. Pero el levantamiento parcial del secreto sumarial dictado por el juez Garzón en los autos fechados el pasado 5 de marzo, equivalentes a una exposición razonada dirigida a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia para someter a su consideración la eventual asunción -en todo o en parte- de la competencia de la causa, confirma el crecido caudal arrastrado por el escándalo.

Acicalado y juncal como un maniquí, Camps está al margen del Código de Buena Conducta del PP

El motivo del posible despiezamiento del sumario es el privilegio procesal del fuero del que gozan cinco imputados, entre ellos Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y parlamentario de la Asamblea madrileña. El juez Garzón aclara que el departamento policial de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) no ha concluido todavía el análisis de la documentación intervenida y que la investigación de algunos ámbitos del proceso se halla en estado embrionario a la espera de nuevos datos. En el supuesto de que los cargos pudieran ampliarse a diputados o senadores de las Cortes Generales o a parlamentarios europeos, o de que fuese aplicable el artículo 23.3º.2 del Estatuto de Valencia sobre el territorio de comisión del delito, la competencia correspondería al Supremo.

En cualquier caso, las imputaciones contra aforados y no aforados apuntan "a una misma dinámica delictiva" capitaneada desde 1996 por Francisco Correa a través de una flotilla corsaria de empresas. La trama Correa se especializó en la organización de eventos y la obtención de concesiones y contratos: a) con el Partido Popular a nivel nacional; b) con las comunidades autónomas de Madrid y Valencia a nivel regional; y c) con los ayuntamientos madrileños de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (también otros de Castilla y León) a nivel local. Ese cuadro delictivo no es la invención sectaria de un juez partidista como pretende el PP (lanzado con saña al aniquilamiento profesional y personal de Garzón) sino una documentada reconstrucción de hechos que ha superado el triple filtro de las pesquisas policiales de la UDEF, la indagación de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y Anticorrupción y una instrucción sumarial avanzada aunque incompleta sometida a los recursos establecidos por las normas de enjuiciamiento criminal.

A nadie puede extrañar que los diarios y emisoras situados a la cabeza de la sucia tarea de negar las evidencias del sumario y de linchar moralmente a su instructor sean los mismos medios de comunicación que acusaron -y continúan haciéndolo- a la policía y a la Guardia Civil, a la fiscal Olga Sánchez, al juez instructor Juan del Olmo y al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, de falsear la verdad sobre los autores intelectuales del 11-M. Esta recidiva paranoica de la teoría de la conspiración sirve a los intereses del PP -al igual que ocurrió hace cinco años- aun a costa de amenazar la independencia del Poder Judicial y desestabilizar el Estado de derecho.

El PP ha echado mano de su Código Ético hasta ahora en desuso para obtener la dimisión de varios alcaldes y para suspender de militancia a otros implicados en el caso Correa. Esas elogiables medidas marchan en paralelo, sin embargo, con el sabotaje a la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el espionaje realizado por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Generalitat valenciana ha quedado al margen del Código de Buena Conducta. Acicalado y juncal siempre como un maniquí de escaparate, Francisco Camps es acusado de aceptar como dádiva de la delictiva trama Correa un lote de trajes a la medida por importe de 12.783 euros. Aunque el valor del regalo no sea demasiado elevado, resulta imposible eludir la investigación penal -concluye el auto- en aras del cumplimiento del principio de legalidad; ni tampoco, cabe añadir, el castigo adicional de los tradicionales chistes de sastres sobre fondos de armario.

¿No le aplica el PP a Camps el Código Ético por entender que todos los políticos tienen derecho a vestirse de gorra? ¿O es sólo una costumbre valenciana establecida por Carlos Fabra, que resiste heroicamente en la presidencia de la Diputación y del PP de Castellón aunque esté siendo investigado judicialmente desde 2004?