Una red pública de salas al auxilio del cine en catalán

Los planes de la Generalitat en defensa del cine en catalán continúan provocando un debate cuyo tono tiene todo el aspecto de subir progresivamente. Una de las inversiones importantes que se desprenderá de la aplicación de la ley planteada por el Govern se refiere a la creación de una red pública de salas de cine: una iniciativa que ya ha puesto en pie de guerra a los exhibidores, quienes la contemplan como un ejercicio de competencia desleal.

En la práctica, la puesta en marcha de dicha red no implicaría la construcción de nuevos cines ni tampoco su adquisición. Lo que se intentaría es, por un lado, aprovechar las salas públicas ya existentes, especialmente municipales (algunos ayuntamientos catalanes de pequeño tamaño, ante la falta de empresas privadas, se han quedado con salas para asegurar la oferta de cine); y por el otro, llegar a acuerdos con empresarios privados para que alquilen o cedan mediante convenios sus salas, con el fin de que puedan tener una programación "pública". Es decir, si un multicine de una gran empresa exhibidora tiene ocho salas y decide alquilar una de ellas a la Generalitat, esta sala tendrá una programación que formará parte de la red pública.

Un 78% del público prefiere versiones en castellano, según los dueños de los cines

Los objetivos de esta red, según el texto base de la ley, serán programar cine preferiblemente europeo, en versión original subtitulada en catalán, cine producido en Cataluña y cine internacional doblado al catalán. O dicho de otro modo: romper el predominio del cine estadounidense (casi tres cuartas partes de la oferta) para "corregir las distorsiones y situaciones de competencia imperfecta del mercado cinematográfico" (solo un 3% de las películas están dobladas o subtituladas en catalán).

La red, según señaló Eduard Voltas, secretario general de Cultura de la Generalitat, pretende "liberar pantallas" y actuará sólo en zonas donde esta oferta no está cubierta por los operadores privados. Éstos, además, tendrán un fondo de ayuda a la exhibición que subvencionará el apoyo al cine doblado o subtitulado en catalán.

Los exhibidores consideran que en los momentos actuales de crisis de asistencia a las salas (desde 2003, los cines catalanes han perdido seis millones de espectadores) la exigencia de incluir películas dobladas o subtituladas en catalán puede reducir aún más la asistencia. Según sus datos, el público no demanda cine en catalán en esa proporción, y apuntan que cuando en un mismo local se proyectan las versiones catalana y castellana de una película, el espectador opta en un 78% por la segunda.

La futura Ley del Cine de Cataluña tiene por delante, sin duda, una negociación larga y un final incierto. En el terreno político, y pese a que podría haber mayoría favorable en el Parlamento catalán, el líder de CiU, Artur Mas, ya hizo ayer una llamada a concentrar los esfuerzos en la crisis en lugar de en la batalla del doblaje.