Darfur exige justicia

Más de medio año después de que lo solicitase el fiscal Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional (CPI) ha ordenado la detención del presidente de Sudán, Omar al Bashir, por alentar y encubrir crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur, donde desde 2003 las tropas de Jartum y sus aliados locales se libran a indecibles atrocidades contra tribus rebeldes no árabes y civiles indefensos. Estimaciones conservadoras de esta tragedia africana cifran en más de 200.000 los muertos en este territorio sudanés del tamaño de Francia, y en casi tres millones los desplazados. La fiscalía considera a Al Bashir, primer jefe de Estado en ejercicio inculpado por la CPI, responsable de una campaña de genocidio, acusación que espera mayores pruebas para su inclusión en el sumario.

Existe una Corte Penal Internacional, pero no una policía mundial. Una cosa es una orden de arresto y otra ver ante un tribunal a Al Bashir, un sátrapa blindado por el momento en su propio país -dos décadas en el poder tras un golpe de Estado- que se mofa regularmente del Consejo de Seguridad y considera su persecución un nuevo complot colonialista. Para ello se necesitará una decidida cooperación internacional. Pero la arrogancia del líder sudanés, que ayer se organizó un baño de masas en Jartum y anuncia su comparecencia este mes en una reunión árabe en Qatar, debería verse atemperada por precedentes considerados impensables en su momento, como los de Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic o su relativo vecino Charles Taylor, el hombre que hizo de Liberia un experimento de terror. La idea de enjuiciar al presidente sudanés en su propio país, mediante un tribunal mixto, del tipo de los establecidos por la ONU para Sierra Leona o Camboya, un globo sonda avanzado por algunas diplomacias de Gobiernos afines, resulta impensable. En el descompuesto y violento Sudán es imposible celebrar un proceso justo en el que los testigos gozasen de la debida protección. Semejante supuesto implicaría en la práctica renunciar a la justicia.

Al margen de sus eventuales repercusiones en Sudán -el Gobierno canceló ayer el permiso a una decena de organizaciones humanitarias extranjeras y se insinúan represalias contra el personal local de la ONU-, la decisión de La Haya representa una prueba de fuego para los dirigentes africanos. Contra la decencia más elemental, y olvidando que cientos de miles de víctimas son africanos indefensos, se han venido alineando sin fisuras con el hombre que ha convertido en un cementerio una parte de su propio país. El ominoso silencio de años de la Liga Árabe o la Unión Africana sobre los horrores de Darfur es más lamentable si se considera que hay 30 Estados africanos entre los fundadores de la Corte Penal, en 2002. El argumento de que la justicia internacional impedirá la paz en Darfur resulta a estas alturas una falacia tan cómplice como inadmisible.