La abogacía de la UE rechaza almacenar aceite de oliva para controlar su precio

El sector olivarero recibió ayer de la Unión Europea un explícito mensaje contrario a su estrategia de almacenar aceite para forzar la subida de los precios en origen, desplomados en las últimas semanas hasta los 1,80 euros el kilo, una cifra que deja por debajo del umbral de la rentabilidad a casi la mitad de las explotaciones de olivar tradicional en Andalucía. La abogada general Juliane Kokott, ha propuesto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que permita a las autoridades de defensa de la competencia de España prohibir a la empresa Cecasa -formada en un 68% por productores y en un 32% por entidades financieras y la fundación pública Patrimonio Comunal Olivarero- el almacenamiento de aceite de oliva para garantizar unos precios mínimos cuando se produzcan excedentes. Aunque la opinión de la abogada no es vinculante para los jueces del Tribunal de Luxemburgo, sus recomendaciones son tenidas en cuenta de forma mayoritaria.

La Junta apoya ahora una estrategia idéntica a la que se cuestiona en la UE

De prosperar la propuesta de la abogada comunitaria sobre este contencioso de 2001, el sector olivarero andaluz sufriría un duro revés a sus aspiraciones en la actualidad, que también apostaban por intentar controlar los precios desde la constricción de la demanda y que han sido incluso apoyadas desde la Administración andaluza. El consejero de Agricultura, Martín Soler, llegó a respaldar la estrategia "valiente" de los olivareros andaluces de retener la venta en aceite a los precios actuales y culpó de la situación actual a la presión de la industria y las grandes cadenas dominantes en el sector de la alimentación por aprovecharse de la excesiva fragmentación de la oferta (hay unas 800 almazaras en la comunidad que venden por su cuenta) y la concentración de la demanda.

El presidente de la sectorial del aceite de la Federación de Cooperativas Andaluzas, Faeca, Rafael Sánchez de Puerta, (un órgano que aglutina el 70% de la producción nacional de aceite de oliva), dijo ayer que esperarán la sentencia definitiva del tribunal, aunque no ocultó su decepción por la propuesta comunitaria que, de prosperar, impediría al sector llevar adelante el almacenamiento privado, una estrategia diseñada para compensar la desaparición del precio de intervención.

El contencioso se suscitó cuando la Compañía Española de Comercialización de Aceite, (Cecasa), solicitó autorización para adquirir aceite de oliva y almacenarlo para evitar que "una perturbación grave del mercado" pudiera provocar un hundimiento de los precios. El Tribunal de Defensa de la Competencia de España denegó la solicitud de almacenamiento de aceite solicitada por Cecasa por entender que sus objetivos constituían en esencia un cartel cuya finalidad es actuar sobre los precios de mercado.

Kokott estima que el reglamento vigente "no se opone a un mecanismo para adquirir y almacenar aceite de oliva, acordado y financiado privadamente". Pero advierte de que: "El funcionamiento de tal mecanismo debe respetar las normas generales aplicables al mercado de aceite de oliva y, en especial, las normas del derecho de la competencia aplicables".