Obama pone fin a Guantánamo

En el primer día de la era Obama, el presidente puso fin a Guantánamo. La fecha de caducidad para el centro de detención emplazado en la bahía cubana es de un año. Ése es el plazo que el mandatario de Estados Unidos establece en la orden ejecutiva que firmará en breve. Para Barack Obama, el cierre de la prisión abierta en 2002 "mejorará la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de EE UU y la justicia", según un borrador del decreto facilitado ayer a la prensa.

Nada más acabar los fastos de la toma de posesión, Obama pidió al jefe del Pentágono, Robert Gates, que solicitara a los jueces de Guantánamo la suspensión durante 120 días de los juicios militares para revisar los casos de los procesados. Entre ellos se encuentran los supuestos cinco coordinadores de los atentados del 11-S, incluido su cerebro, Jalid Saij Mohamed. El consentimiento inmediato de los jueces permite a Obama cumplir una de sus promesas electorales. En Guantánamo hay 247 presos.

El penal debe ser cerrado tan pronto como sea posible antes de un año

La clausura no será un proceso fácil. Tiene que aprobarla el Congreso

Técnicamente, los jueces militares podrían haberse opuesto a la petición de Obama de suspender hasta mayo los juicios, pero eso hubiera supuesto una polémica contradicción de los deseos claramente expresados por su nuevo comandante en jefe.

Además de haber quedado suspendido el juicio contra los supuestos cinco cerebros de los ataques del 11 de septiembre, se paralizó el proceso contra el único canadiense encerrado en Guantánamo, Omar Jadr, quien tenía 15 años en el momento de su detención y que está acusado de matar a un soldado norteamericano en un tiroteo en Afganistán. Este caso tuvo repercusión internacional porque sus abogados alegaron que su reclusión violaba las leyes internacionales sobre los juicios a los niños soldados.

Sin embargo, cuatro de los cinco acusados por el 11-S pidieron ayer que continuaran sus procesos, a pesar de que si fueran encontrados culpables podrían ser condenados a muerte. Como dijeron en su día, esos acusados quieren morir como mártires y cuanto antes. El único que no se opuso a la paralización fue Ramzi ben al Shaiba, cuyo estado mental debía examinarse esta semana.

La petición de los 120 días de moratoria concede tiempo a la Administración Obama para rediseñar el sistema judicial que se ha estado imponiendo en el centro de detención y potencialmente llevar a los 247 detenidos a tribunales federales en EE UU, hacerles afrontar cargos de crímenes de guerra frente a cortes marciales o bien enviarlos a otros países que deseen acogerlos. Todo aquel afectado por esta orden y que se encuentre en detención cuando la prisión sea cerrada "deberá volver a su país, ser puesto en libertad, transferido a un tercer país o a una prisión de EE UU", se asegura en el borrador.

Jueces y abogados militares en Guantánamo tenían orden de no comentar la decisión de Obama, según una fuente del Pentágono. Sin embargo, alguien relacionado con las comisiones fue citado por el diario The Washington Post diciendo: "Se ha acabado. No quiero decir nada más".

La Administración del ex presidente George W. Bush ideó el centro de detención de Guantánamo poco después de los atentados del 11-S como un lugar donde encerrar y juzgar a los que se denominó formalmente combatientes enemigos, nombre que se dio a los presuntos terroristas vinculados a Al Qaeda y talibanes afganos. Bajo esa calificación y en un lugar que técnicamente no es territorio de Estados Unidos, el Gobierno dejaba fuera de la Convención de Ginebra, que protege a los prisioneros de guerra, y negaba la garantía del hábeas corpus a los prisioneros que mantenía ajenos al mundo y fuera del país, en este caso en tierra cubana, en Guantánamo, ocupado por EE UU desde que en 1903 ganara los derechos de cesión para usar la base.

"El presidente ha dejado bien claras sus intenciones", declaró ayer el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman. "Con la pausa en las comisiones militares ya ha dado los primeros pasos en la dirección de sus deseos".

El borrador de la orden ejecutiva que pondrá fin a la pesadilla de Guantánamo resalta que algunos de los allí detenidos llevan encerrados más de seis años y la mayoría sobrepasa los cuatro. "El centro de detención de Guantánamo al que se refiere esta orden será cerrado tan pronto como sea posible, pero en ningún caso más tarde de un año desde la fecha de esta orden", dice textualmente el decreto emitido.

Desde su nacimiento, Guantánamo ha planteado una infinidad de problemas jurídicos. Como ya se aventuraba, el cierre no será un proceso fácil. Para empezar tendrá que aprobarlo el Congreso, ya que las comisiones militares fueron autorizadas en el Capitolio en octubre de 2006, dominado entonces por los republicanos.

En el texto que instauraba las comisiones militares se imponían duras condiciones para los presos retenidos en Guantánamo. Entre otras cosas, se les impedía acceder a pruebas presentadas en su contra y se les privaba de la posibilidad de apelar la pena de cárcel.

Dónde y bajo qué leyes serán procesados los que están a la espera de juicio, qué derechos tendrán, a qué cárceles se les trasladará, a qué país serán trasladados aquéllos que sean liberados por falta de pruebas o porque ya hayan cumplido su pena y si podrán o no quedarse en Estados Unidos si sus países no los reciben o si no hay garantías de que estarán seguros en sus respectivos Estados son todas cuestiones en las que la Administración Obama ya está trabajando. Sólo tendrá un año desde que se firme la orden ejecutiva.

El hombre propuesto por el presidente Obama para fiscal general, Eric Holder, declaró que las llamadas comisiones militares no otorgan suficiente protección legal a los acusados, quienes podrían ser enjuiciados en EE UU. Los familiares de las víctimas de los ataques del 11-S, algunos de los cuales están en la base para observar las audiencias, manifestaron ayer su oposición a cualquier retraso en los juicios de los acusados.

Por su parte, el grupo defensor de derechos humanos que está en Guantánamo para observar la sesión de esta semana de la corte de crímenes de guerra dio la bienvenida a lo que parece ser la aproximación del fin de los tribunales especiales. "Es un gran primer paso, pero es sólo un primer paso", dijo cauto Gabor Rona, director internacional de Human Rights First.