El Supremo insta al Gobierno catalán a preguntar la lengua del alumno

El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat a que en los formularios de matriculación de enseñanza infantil y primaria se pregunte sobre la lengua habitual del alumno. La sentencia responde al recurso de la Generalitat contra otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2004 le instó a preguntar a los padres de los alumnos por su lengua habitual "para hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esta lengua".

El Alto Tribunal precisa que su sentencia no entra a juzgar el modelo educativo catalán sino que se centra en temas de procedimiento. El TSJC estimó parcialmente en 2004 un recurso presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, contra la normativa de preinscripción en las escuelas públicas y las privadas concertadas, que fue anulada. El Supremo apoya la tesis del TSJC respecto a que el derecho no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino "real y efectivo".

El TSJC dictó una sentencia similar este año contra el modelo de preinscripción de 2005 por la misma razón. La Generalitat incluyó la pregunta hasta 1999. El portavoz de la consejería de Educación manifestó ayer a este diario que el problema se resolvió en 2006. Desde entonces, los formularios de matriculación citan el artículo de la ley de Política Lingüística que consagra el derecho de los niños "a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano" y se remite al padre o tutor que quiera que se imparta la enseñanza de su pupilo en castellano al director de la escuela asignada. La lengua vehicular de la enseñanza es el catalán y en los casos de petición el material escolar que se da al alumno es en castellano y el maestro se dirige a él en esta lengua.

Para José Domingo, diputado autonómico de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, con esta fórmula la Generalitat eludió el acatamiento de la sentencia. "Lo que debe hacer es incluir una casilla en los formularios de preinscripción sobre si desea enseñanza en catalán, castellano o bilingüe para poder programar las necesidades educativas y tener una estadística clara sobre este tipo de peticiones. Con la actual fórmula, que figura en el anverso del formulario de matriculación y en letra pequeña, se obliga al padre a una entrevista con el director del centro asignado y empiezan maniobras de disuasión". La Generalitat argumenta que este tipo de peticiones no llegan al centenar al año y los críticos replican que el actual sistema está pensado para dificultar que los padres manifiesten la opción lingüística que desean. "La Generalitat no quiere saber cuántos son. Si la pregunta fuese clara y hubiera un número importante de peticiones de enseñanza bilingüe o en castellano, la inmersión no sería aplicable".