Estrategia de seguridad

La ministra de Defensa, Carme Chacón, presentó ayer ante la Comisión correspondiente del Congreso la directiva de defensa nacional que regirá la actuación de su departamento durante la legislatura. El texto contiene 26 directrices y un compromiso: la elaboración de una estrategia de seguridad que integre actuaciones civiles, militares, diplomáticas y hasta tecnológicas que permitan dar una respuesta global a los problemas de seguridad: tanto los propiamente bélicos como los de terrorismo de masas del mundo actual. E incluso a formas nuevas de delincuencia internacional como la piratería naval, sobre la que también informó ayer Chacón.

La ministra cumplió con su compromiso de presentar y someter a debate la directiva en el Parlamento, aunque es un documento que aprueba el presidente del Gobierno (y no el Parlamento) tras su paso por el Consejo de Defensa Nacional, órgano asesor del presidente que se reúne el 15 de diciembre bajo la presidencia del Rey.

En la directiva hay una mención a la "potenciación de una relación sólida y equilibrada de cooperación con Estados Unidos". El relevo en la Casa Blanca ofrece una oportunidad para asentar sobre bases menos movedizas los compromisos de España en misiones internacionales en las que el peso de Estados Unidos es decisivo. Obama considera una prioridad actuar en Afganistán, y es muy probable que solicite un compromiso suplementario de los aliados presentes en aquella región.

No es casual que la directiva contenga una mención específica a Afganistán. Si esa solicitud se plantea, será necesario redefinir los objetivos de la intervención que, en medio de la creciente ofensiva talibán, ya no sería, o no sólo, de "reconstrucción" del devastado país. Y que requeriría seguramente de una autorización expresa del Congreso, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Defensa Nacional, y un desbordamiento del tope máximo de 3.000 soldados desplazados en el exterior.

La referencia de la directiva a "una relación más equilibrada" con Estados Unidos está relacionada también con la asimetría del convenio de defensa entre ambos países, cuya vigencia finaliza en 2010: mientras que para España tiene rango de tratado (lo que implica el aval del Congreso) para Estados Unidos es un convenio entre Gobiernos; ese desequilibrio ha tenido efectos prácticos a la hora de concretar ciertos compromisos que requerirían el acuerdo del Congreso estadounidense.