El escándalo de Getaria

Varios informes sobre el caso Balenciaga revelan el escándalo económico y de gestión que llevó hace un año a la paralización de las obras del museo del modisto, construido sobre un proyecto básico, rechazado en su día por los técnicos del Ministerio de Cultura, y con un gasto, íntegramente público, sobrepasado en más del 300% desde las previsiones de primera hora.

La incertidumbre sobre el desenlace para el edificio levantado en Getaria se mantiene viva cuando la fiscalía acaba de imputar a tres personas, entre ellas su gestor principal, el peneuvista Mariano Camio, por varios delitos, salpimentados con regalos de piezas del modisto a esposas de cargos del PNV.

¿Albergará finalmente el edificio construido en la localidad natal de Balenciaga, cuándo y a qué coste final, la colección del maestro? Los dueños de la respuesta son dos: por un lado, el Ministerio de Cultura, que corrió con el gasto de la primera etapa -casi un millón de euros por año entre 2000 y 2003 y 750.000 euros en 2006- en su papel de principal patrono institucional de la Fundación Balenciaga, y tiene en sus manos la colección del modisto; por otro, el Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa, que asumieron, a través de la sociedad Berroeta Aldamar, los contratos y las obras desde 2005 y poseen el edificio. Ni uno ni otro dan cuenta de sus conversaciones para encarrilar un desastre de proporciones e ingredientes difíciles de creer.

El acuerdo entre el ministerio y el Gobierno vasco es indispensable

El ministerio tiene la colección y las instituciones vascas el edificio del museo

"Cuando haya algo que decir se dirá", es la respuesta que ofrecen ambos, a casi 8 años de la colocación de la primera piedra, en 2001, y a 6 de la fecha prevista de inauguración, 2003. Los dos aseguran también que la interlocución es continua e inmejorable y que está fuera de toda duda la voluntad de ponerse de acuerdo.

Lo que hay en estos momentos, 20 años después de que la idea echara a andar de la mano del atrevido alcalde de un pueblo de 2.500 habitantes, el hoy imputado Mariano Camio, son dos cosas: por un lado, una colección de unas mil piezas, guardadas en un almacén, propiedad o depósito de la Fundación Balenciaga. Y por otro, un edificio sobredimensionado, con la obra parada hace un año, por múltiples defectos y sin proyectos museológico y museográfico, tras haberse construido entre 2005 y 2007 sobre el previamente desautorizado por el Ministerio de Cultura. Éste es propiedad de la sociedad Berroeta Aldamar.

La opinión general es que están condenados a entenderse. Pero, de momento, cada uno tiene sus propios problemas que resolver en relación con la gestión pasada del proyecto. Y también sus condiciones e intereses para la permanencia futura en él. A día de hoy y llegado el caso, nada impediría que la obra de Balenciaga terminara en otra institucion "de fines culturales similares". Así reza una modificación estatutaria realizada el año pasado, para el caso de liquidación de la Fundación.

Todas las acusaciones recaen sobre Camio, tanto en la Fundación de la que era vicepresidente ejecutivo, como en la sociedad Berroeta Aldamar, que le nombró gerente; pero lo cierto es que, entre ambas entidades, suman cuatro instituciones públicas, con una de ellas de nexo común, el Ayuntamiento de Getaria. A la vista de los hechos, al menos debieron descuidar su deber de vigilancia sobre el uso del dinero público.

Mientras los jueces y una comisión de investigación parlamentaria dilucidan las responsabilidades penales y políticas de ese pasado, dos equipos han sido relevados, el de Camio y el que quedó, con el secretario general de la Fundación, Manuel Cabrera, al frente, y nueva empresa trabaja para enmendar y rematar lo construido. La Fundación, bajo el patronazgo de honor de los Reyes y la presidencia del modisto Hubert de Givenchy, se constituyó en 1999, con el ministerio bajo responsabilidad del PP, en época aún de buen entendimiento con el PNV, y cuando se barajaba un presupuesto de 800 millones de pesetas. Nunca ha tenido un director. La sociedad del Gobierno vasco entró en escena en 2005, ya con el PSOE al frente del ministerio, que suspendió en 2004 las subvenciones y desautorizó por inservible el proyecto básico. El coste era ya de 21 millones de euros.