Cuatro instituciones ciegas y el factor de la "condición humana"

El caso Balenciaga admitiría preguntas sinfín que podrían resumirse en una: cómo una, dos o tres personas, pudieron engañar y ocultar tanto, durante tantos años, a cuatro instituciones diferentes -el Ministerio de Cultura, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Getaria. Todas ellas llevan años en el proyecto, con mayor o menor aportación de dinero público y responsabilidades, y sea en la Fundación Balenciaga, en la sociedad Berroeta Aldamar o en ambas.

La lectura de los distintos documentos e informes a los que ha accedido este periódico revelan que la desconfianza nació muy pronto. Hay en el PNV quien asegura que existen informes del ministerio que la remontan a 2000, sólo un año después de echar a andar formalmente la Fundación. Con seguridad existía en 2002, según revela la insistencia, y consta en actas, del representante del ministerio en la Fundación, Manuel Fontán, en pedir los contratos firmados, con la empresa del arquitecto cubano Julián Argilagos, que, al parecer, no habían conocido antes la comisión ejecutiva ni el patronato.

El ministerio entró en la Fundación en el mandato de Aznar que apoyó el PNV

Azkarate y Txabarri formaron Berroeta Aldamar tras cortar Calvo la subvención

Parte de las claves puede tenerlas una persona que, al contrario de Fontán -que compareció el jueves-ha declinado declarar ante la comisión parlamentaria. Se trata de Mariano Zabia, asesor del Ministerio de Cultura con la popular Esperanza Aguirre, la época en que se fraguó la entrada en el proyecto, y subsecretario luego con la tambien ministra del PP, Pilar del Castillo.

Otra parte de las claves ha de residir por fuerza en personalidades del PNV, en quienes depositaron una confianza ciega en Mariano Camio.

Lo hicieron en dos ocasiones. Primero, en los últimos años noventa, para avalar su proyecto en Madrid mientras la consejera vasca de Cultura en la época, Mari Carmen Garmendia, lo rechazaba en Euskadi, por no ver suficiente profesionalidad y formalización en él. Su postura, que le costó una declaración de persona non grata en el batzoki (sede social del PNV) de Getaria, el municipio que gobernaba Camio. Después -con el proyecto ya desbocado y el ministerio, bajo responsabilidad de la socialista Carmen Calvo, retirándole las subvenciones de 2004 y 2005, según fuentes oficiales del ministerio- para darle la cobertura económica y política del Gobierno vasco, con Miren Azkarate en Cultura, la Diputación de Guipúzcoa, con José Juan González de Txabarri como diputado general y, al igual que en la Fundación, el Ayuntamiento de Getaria, desde la sociedad Berroeta Aldamar.

Nadie supo nada. Camio ocultó todo a todo el mundo. Hizo y deshizo a su antojo junto a su pareja sentimental en la época, el arquitecto Julián Argilagos, sin que nadie se percatara de nada. Lo que hacía su mano izquierda como vicepresidente en la Fundación lo desconocían no sólo la comisión ejecutiva y el patronato de ésta, sino también su mano derecha como gerente en Berroeta Aldamar. El Ayuntamiento de Getaria, que estaba en ambas, nada transmitía. Y todo durante nueve años, desde 1999 hasta 2007, cuando un pequeño partido, Aralar, descubrió lo que cuatro instituciones, tres de ellas del PNV y muy próximas, también geográficamente, no habían percibido desde dentro del proyecto a algo que ocurría en un pueblo de sólo 2.500 habitantes.

La condicion humana. A ello atribuyen en el PNV lo ocurrido, tanto quienes apoyaron y aún disculpan en privado a un Camio que habría sido víctima del factor amoroso, como quienes vuelcan ahora sobre él toda la responsabilidad sin incluir ese elemento como atenuante.