De seis millones a quince y permiso para irse a EE UU

Los contratos que Mariano Camio firmó, en nombre de la Fundación Balenciaga, subrogados por la sociedad Berroeta Aldamar, con la empresa del arquitecto Julián Argilagos, Hemen Fashion Art, son tres, aunque el último no fue entregado.

El primero data de noviembre de 2001. Le adjudicaba, sobre un presupuesto de ejecución material de 1.100 millones de pesetas (6,6 millones de euros) el proyecto básico y de ejecución del edificio del museo, el de espacios e instalaciones (el, al parecer, inexistente proyecto de interiorismo) y la asesoría y selección de empresas, todo ello con unos honorarios de 85 millones de pesetas (504.793 euros). En 1999 y 2000 se habían hecho ya pagos por casi 59 millones de pesetas por honorarios de la primera fase, la remodelación del palacio Aldamar.

Un cláusula permitía forzar a la Fundación a duplicar pagos

La Fundación debía abonar aparte los honorarios del arquitecto que firmara el proyecto (Argilagos no podía por no tener homologada su titulación), aparejador e ingeniería. Hemen Art se reservaba el derecho a evaluar sus propios honorarios sobre cualquier material o mano de obra que proporcionara la propia Fundación a pesar de estar entre sus cometidos. "En ese supuesto", afirma uno de los informes legales existentes, la Fundación "pagaría dos veces por los mismos servicios". Así ocurrió, según afirma el informe realizado por el bufete Cuatrecasas, que habla de "contratos abusivos" y "claramente perjudiciales".

El segundo contrato es de julio de 2005. En él se señala que el presupuesto se ha elevado a 15 millones de euros, por lo que los honorarios del arquitecto se recalcularían sobre esa cifra. Berroeta Aldamar se centrará en demostrar que Camio sabía desde el principio que el presupuesto inicial sería muy superior y que tuvo ánimo de defraudar.

En el tercer contrato, dos meses más tarde, se releva a Argilagos de sus obligaciones, sin contemplar rebaja en sus honorarios, y se le atribuye únicamente la de "supervisión y asesoramiento", que se le autoriza a realizar "desde los Estados Unidos de América". A diciembre de 2006, la auditoría externa detectó un sobrepago de 439.905 euros.