El Gobierno argentino nacionaliza por sorpresa el sistema privado de pensiones

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó ayer, en un acto público inesperado y retransmitido por la televisión, el proyecto de ley por el que se elimina el sistema privado de pensiones que se creó en 1994. Todos los fondos depositados en las empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) pasarán a ser gestionados por el sistema estatal, Anses. El anuncio dejó sin respiración a una sociedad que ya ha sufrido enormemente por culpa de la pérdida de valor de sus ahorros y que se pregunta qué sentido tiene la nacionalización y a donde irá a parar su dinero.

Fuentes del Gobierno aseguran que se trata de garantizar las pensiones de casi 9,5 millones de afiliados a las AFJP, cuya capitalización ha sido afectadas por la crisis financiera y la baja del valor de sus activos. Pero muchos analistas mantienen que el Gobierno argentino se ha decidido simplemente a “meter dinero en la caja”, en un momento en el que los ingresos del Estado retroceden al mismo ritmo que cae el precio de la soja o del petróleo. “Entre encoger el enorme gasto público o echar mano de los fondos de jubilaciones, el Gobierno se quedó con la última opción”, escribe el editorialista de La Nación, Joaquín Morales, en un duro artículo titulado “¿Gastar menos o saquear? Saquear”.

La oposición ve un intento del Ejecutivo de buscar ingresos extra

La presidenta, que apareció arropada por varios gobernadores, sindicalistas y miembros de su gobierno en una carpa montada apresuradamente frente a la sede de Anses, aseguró que el sistema privado era "un despojo". Y relacionó su decisión de "reestatalizar" las AFJP con la crisis financiera internacional y con las intervenciones de otros gobiernos en empresas en peligro. "En todo el mundo, cuando aparecen pérdidas, aparece el Estado", afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner aludió a la falta de solidaridad de los fondos privados y a una cierta "elusión" de impuestos en algunas sociedades, pero no dio ningún dato para avalar sus afirmaciones.

La presidenta tampoco ofreció las garantías que había pedido el Defensor del Jubilado para que los fondos privados no sean de "libre disposición del Gobierno" sino que se dediquen sólo a sostener el plan oficial de pensiones. El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Congreso, donde se espera un debate muy vivo, pero donde es difícil que se rechace.

Entre las AFJP afectadas por la decisión del Gobierno figura Consolidar, controlada por el grupo español BBVA, la tercera del sector, con casi millón y medio de afiliados, según datos de la empresa. Prácticamente todas las AFJP están controladas por bancos y aseguradoras, que sufrieron en la Bolsa los primeros efectos del anuncio: el Banco Francés (BBVA) cayó ayer un 15,8% y el índice Merval un 9,6%.

A media tarde, y a instancias del fiscal, un juez federal inhabilitó durante siete días a todas las AFJP para operar con bonos o acciones, en un intento de impedir que la mayoría de ellas venda apresuradamente los bonos del Estado argentino que poseen, con la consiguiente depreciación de esos títulos. Según algunas precisiones facilitadas ayer, el plan del Gobierno es permitir que las AFJP sigan existiendo pero sólo como administradoras de fondos de pensiones voluntarios, complementarios del sistema estatal, que volverá a ser obligatorio

El anunció del regreso a un sistema único de pensiones y jubilaciones contó con el apoyo entusiasta de los principales sindicatos. Hugo Moyano, de la poderosísima CGT, que se entrevistó ayer con la presidenta, aseguró que "las AFJP han perdido cantidades importantes de dinero" por la crisis internacional.

La oposición, especialmente Elisa Carrió, de Coalición Cívica, fue mucho más dura. "No se trata de mejorar el sistema de pensiones sino de saquear los fondos de los jubilados para hacer caja". Según ella, el Gobierno busca desesperadamente dinero para hacer frente al pago de la deuda y otros gastos. Los fondos de las AFJP supondrán un ingreso extra para el Estado de 97.000 millones de pesos (22.700 millones de euros) y, en teoría, unos ingresos anuales de 3.500 millones de euros.

En el sistema de pensiones y jubilaciones argentino coexistían desde 1994 el sistema clásico de reparto (manejado por el Estado) y un sistema de capitalización, gestionado por firmas privadas. Desde hace unos pocos años, quienes habían elegido el sistema privado podían pasarse al estatal. El sistema público Anses garantiza una prestación mínima universal, de 326 pesos (menos de 80 euros), más el 1,5% del sueldo promedio en los últimos 10 años.