Murcia cede a una sociedad sus dos nuevos hospitales

El Gobierno de la Región de Murcia (PP) se apunta, por ahora de manera tímida, a la gestión de la Sanidad como si se tratara de una empresa privada, a semejanza de lo que han hecho los ejecutivos autonómicos de su mismo color político en Madrid y Valencia.

Murcia ha firmado recientemente dos convenios con la sociedad pública Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Giscarmsa) -empresa mercantil unipersonal y sin ánimo de lucro- para promover la construcción de los hospitales del Mar Menor y de Cartagena. Si funciona la fórmula, todos los nuevos centros se harán de esta manera.

Estos dos hospitales se añadirán a los 13 hospitales que ya han adoptado fórmulas de gestión privada o mixta en la Comunidad Valenciana y Madrid. Regiones que, desde los años 1999 y 2003 respectivamente, lideran la privatización total o parcial de las prestaciones sanitarias.

En Murcia, el gobierno regional alquilará el edificio del nuevo hospital de Cartagena, que sustituirá al Virgen de El Rosell, y prestará los servicios no sanitarios -mantenimiento, esterilización, lavandería, gestión de residuos, restauración, alimentación de pacientes, limpieza o centralita- por un mínimo de 33,5 millones de euros más IVA al año a Giscarmsa. Precio que se irá actualizando cada año en función de un mecanismo previsto en el convenio. La gestión del personal -médicos y enfermeros- seguirá en manos de la Administración regional. En los 30 años de vigencia del contrato, Murcia pagará un mínimo de 1.000 millones de euros más IVA.

El caso del hospital del Mar Menor, situado en San Javier, y que jubilará al de Los Arcos, es muy similar. La diferencia es que Giscarmsa será propietaria del centro. Murcia le pagará cada año un mínimo de 14,3 millones de euros. En total, en los próximos 30, unos 429 millones. Estos dos convenios especifican que la titularidad del hospital es de Giscarmsa, encargada de la licitación, adjudicación, construcción y de la posterior explotación de los servicios. Pero, al igual que en modelo mixto que aplica ya en algunos centros de Madrid, el Servicio Murciano de Salud se reserva la gestión del personal sanitario.

Éste es uno de los motivos por los que la gerente de Giscarmsa, Inocencia Gómez, considera que no se puede hablar, "ni mucho menos, de privatización de la sanidad pública". "Además, en los estatutos queda claro que no tenemos ánimo de lucro, y que disponemos un capital que procede íntegramente del Gobierno regional, con 50 millones y otros 150 solicitados al Banco Europeo de Inversiones", añade. Esta empresa debe adjudicar los servicios según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El dinero que recibirá cada año en concepto de arrendamiento servirá para pagar el endeudamiento.

Gómez califica los hospitales del Mar Menor y el de Cartagena como "un modelo de gestión novedoso". En el convenio se incluye una declaración de intenciones, asegurando que optan por unas reglas de funcionamiento y de control más flexibles, que permitirán agilizar la gestión.

Pero la idea ya ha recibido críticas. "Es cierto que las ganancias vuelven al sector público", concede Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. "La titularidad no se privatiza, pero la empresa pública va a subcontratar con empresas privadas, así que lo que se privatiza al final es la prestación de los servicios", asegura. Tampoco ha sentado bien en la oposición. Tanto el PSOE como IU se oponen a la operación.

En una reciente entrevista, la consejera de Sanidad de Murcia, María de los Ángeles Palacios, trasladó al ministro Bernat Soria la urgente necesidad de una mayor financiación para la sanidad murciana. Palacios argumentó que se debe, sobre todo, al turismo y a la inmigración.

Con información de E. G. Sevillano