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¿Financiación sanitaria?

En estos momentos en que se discute sobre un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y se cuestiona la legalidad de medidas como el céntimo sanitario que grava los carburantes, conviene reflexionar sobre la financiación del sistema sanitario público para tener un debate fundamentado. Lo primero que hay que decir es que, aunque hablamos de manera cotidiana de financiación sanitaria, la realidad es que ésta es inexistente como tal si exceptuamos la de INGESA (organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona la atención sanitaria en Ceuta y Melilla), y ello se debe a que el acuerdo sobre financiación de las CC AA de régimen común en vigor desde 2001 (que por cierto, se aprobó por imposición del PP) incluye la financiación de todas las competencias transferidas a las CC AA como un paquete único y son estas CC AA las que deciden, de acuerdo con sus propios criterios, la distribución de estos fondos entre las distintas consejerías.

La atención sanitaria es un derecho de los ciudadanos españoles y no de los territorios

Y así se comprueba si vemos la gran dispersión de fondos destinados a la sanidad por cada una de las CC AA: una media de 1.326 euros por habitante, con una diferencia entre la que más y la que menos gasta de 523,8 euros por habitante; o si se prefiere verlo en porcentaje sobre el PIB, un 5,92% de media, con una diferencia entre los extremos de 6,41%. Y también si analizamos por ejemplo el destino de las aportaciones extraordinarias "para sanidad" de la conferencia de presidentes, que en CC AA como Madrid o Valencia no supuso ni un solo euro extra para el presupuesto sanitario, desconociéndose hasta el presente su destino final. Ni siquiera puede garantizarse que los aumentos recaudatorios que produce el llamado "céntimo sanitario" acaben en sanidad en todas las CC AA.

Por eso habría que acabar con los ejercicios de demagogia actuales. Es obvio que a las CC AA en general les resulta más atractivo hablar de necesidades de financiación sanitaria, porque tienen un mayor apoyo y comprensión de la ciudadanía, y no deja de ser sintomático que las que hacen más alharaca con el tema sean precisamente las que menos dinero dedican a sanidad mientras lo derrochan en los pozos sin fondo de los metros varios o de los parques temáticos de mítica rentabilidad.

Y para ello se necesita delimitar claramente lo que es financiación sanitaria de lo que no lo es, o lo que es lo mismo asegurarse del carácter finalista de esta financiación para la sanidad, y ello por varios motivos. El primero es que la atención sanitaria es un derecho de las personas, de los ciudadanos españoles, y no de los territorios, y que no se ejerce sólo en el lugar del domicilio fiscal porque la movilidad de las personas se ha incrementado notablemente, por motivos de vacaciones y ocio, pero también de trabajo: sólo hay que ver los desplazamientos diarios entre Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Valladolid. Y esta movilidad va a ir en aumento. Por eso todos los españoles estamos interesados en que en todas las CC AA haya un dispositivo sanitario público de calidad que asegure el ejercicio del derecho a la salud.

El segundo, por supuesto, es un ejercicio de transparencia en las cuentas públicas que debería ser elemental en cualquier sistema democrático, lo que además permitirá aclarar los términos del debate sobre financiación y eliminar el ruido y la demagogia. El tercero tiene que ver con la necesaria cohesión de los territorios del país. Si se ha de producir un esfuerzo solidario entre CC AA, es preciso justificar que estas aportaciones solidarias se destinan a servicios básicos.

El asunto no es fácil porque las CC AA prefieren una situación que les da más margen de maniobra a la hora de asignación de sus presupuestos, pero siempre se pueden articular fórmulas más complejas que permitan aportaciones finalistas junto con otras indeterminadas; en cualquier caso, debería estar claro que cualquier incremento que se produzca en el modelo actual de fondos destinados a sanidad tendría que estar condicionado a su aplicación a la atención sanitaria, y también el que se priorizasen objetivos del Sistema Nacional de Salud. Si así fuera, el sistema sanitario mejoraría en cohesión y las CC AA podrían justificar las necesidades especificas que pudieran tener en estas áreas para lograr aportaciones suplementarias.

Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 14 de julio de 2008.

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